La primera línea del artículo noveno de nuestra Constitución Política establece: “El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable”. La Ley General de la Administración Pública, a partir del artículo 190, desarrolla el régimen de responsabilidad administrativa, y el 199, la responsabilidad del servidor público, quien responde personalmente ante terceros cuando “haya actuado con dolo o culpa grave en el desempeño de sus deberes o con ocasión del mismo, aunque sólo haya utilizado los medios y oportunidades que le ofrece el cargo”.
La Ley de Control Interno establece los deberes de “jerarcas y titulares subordinados” –cito textual esa odiosa terminología– para describir a los responsables del desarrollo y ejecución de los servicios públicos. Salto una veintena de reglamentos y decretos que han de hablar del tema de la responsabilidad, para aterrizar en uno de los elementos de nuestros sistema de gobierno, que más crítica nos merecen. Y es que, cuando observamos el estado actual de la Caja Costarricense de Seguro Social; la crisis en Japdeva, que reportaba un déficit de ¢4.095 millones; Racsa, con pérdidas por ¢5.735 millones; el CNP y la Fanal, que reportaron a inicios del año pasado deudas por ¢8.300 millones, en pago de impuestos, proveedores y otros, nos surge la pregunta que sugiere el título: y los responsables ¿qué?
Esta es la pregunta que nos hacemos los costarricenses, porque en estos casos, como muchos otros que podríamos citar (el robo de armas, la carretera a Caldera, la inversión millonaria en rótulos y señalización vial por las líneas intersectoriales, que quedaron plantadas en nuestra calles como símbolo de la ineficiencia y la ilegalidad; y ni hablar del puente de la ‘platina’), lo único que escuchamos es el inicio de investigaciones, debidos procesos, que más que garantías procesales, se convierten en excusas y que, al final, no producen más que el aumento del disgusto de los habitantes y la deslegitimación de nuestro sistema de gobierno.
Casos como los de la Caja, Japdeva, Racsa y el CNP, no suceden de la noche a la mañana; hay procesos que se vienen gestando ante la mirada de los órganos de control tanto internos como externos, cuyas advertencias son deslegitimadas o ignoradas sin más ni más. Y cuando la crisis se presenta, suceden dos situaciones casi de inmediato: las personas usuarias del servicio empiezan a sufrir las consecuencias con la mala calidad del mismo; y, por supuesto, se empiezan a promover las reestructuraciones de personal como solución al problema, como si poner a las personas en la calle sin mayor alternativa laboral, solucionara la crisis económica que viven nuestros hogares.
Pero, como en este país a veces pasamos de lo ridículo a lo sublime, cuando hacemos un juicio de responsabilidad quedamos complacidos cuando un jerarca renuncia o cuando anuncian que despidieron a un funcionario de mando medio.
Hay ciertamente problemas que no se resuelven con la renuncia de un ministro, de un presidente ejecutivo, porque la cadena de mando apenas inicia allí. ¿Y los responsables que asesoraron, que recomendaron o que simplemente callaron?
Nuestro país cuenta con toda la normativa necesaria para hacer juicios de responsabilidad que, garantizando los derechos de los investigados, puedan señalar a quienes actuaron en contra de los intereses del Estado u omitieron hacerlo.
El señalamiento de responsables no debe confundirse con el paseo por la vitrina del desprestigio de algunos; pero sí debe hacerse porque el costarricense merece respuestas y con ellas convencerlo de la necesidad de nuevos impuestos; pero mientras nuestras instituciones se caen a pedazos y no se sabe por culpa de quién, nadie va a estar de acuerdo en seguir invirtiendo en ellas. Las crisis no son anónimas; por eso, la pregunta sigue siendo: y los responsables ¿qué?