Mi voto para presidente y diputados para las próximas elecciones dependerá de dos grandes temas: la reforma del Estado y la lucha contra la corrupción y en favor de la transparencia.
Sobre la primera, abordo el punto con cierta amplitud académica en un libro sobre derecho que, en los próximos días, saldrá a la luz pública, por lo que me enfocaré ahora en tratar el segundo aspecto.
Los partidos se quedaron cortos en su reacción tras la publicación del Barómetro Global de Corrupción, de la organización Transparencia Internacional (TI), que invitó a la sociedad, los partidos y el Gobierno a compartir agendas y buscar puntos de acuerdos mínimos que impulsen un plan nacional contra la corrupción y en favor de la transparencia.
Esa organización internacional nos motiva a reflexionar sobre el problema de la corrupción en el sector público y en el sector privado, el tráfico de influencias, el impacto sobre la percepción ciudadana, el efecto que tiene la corrupción en la economía y las finanzas del Estado, y la necesidad de ver el conjunto de reformas legales que son necesarias para fortalecer nuestro marco jurídico-ético.
Varias revisiones. Si esa es la guía macro-, en el debate nacional puntual valdría la pena reflexionar sobre la revisión de la Ley de Lucha Contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito, el Código Penal en materia de delitos de cuello blanco y sus sanciones, la Ley de Contratación y la Ley de Concesión de Obra Pública, para frenar los “malos contratos”, y la Ley General de Administración Pública, para que la lucha contra la corrupción sea un eje transversal.
Se deben delimitar las responsabilidades de cada funcionario público en los actos propios de su cargo para tener claro a quién atribuir una conducta impropia y no, como ahora, que se intenta perseguir y culpar a todos los jerarcas y funcionarios.
Es necesario repensar la figura del procurador de la Ética y crear un ente que revise, verifique y emita disposiciones en torno a los informes de rendición de cuentas, conforme lo estable el artículo 11 constitucional. Además, se debe instalar en la Asamblea Legislativa una comisión especial permanente para estudiar actos contrarios a la ética.
Coordinación. A nivel internacional, hay que aumentar la coordinación con los organismos transnacionales para el control cruzado de los movimientos de capitales originados en pagos de sobornos y la verificación de la existencia de códigos y leyes vinculantes para los Gobiernos en materia de tráfico de influencias y anticorrupción.
Es tiempo de poner atención a la capacitación del funcionario estatal para fortalecer el valor de servicio público, la ética y darle instrumentos para ejercer la transparencia, al tiempo que fomentar sistemas de información de la gestión pública para la fiscalización ciudadana.
El Poder Judicial, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial deben indicar –tienen la obligación de proponer– cuáles son las herramientas que requieren para perseguir formas poco éticas de gestión pública.
No podemos dejar atrás el dar un marco legal apropiado a las contralorías de servicios de las instituciones, como un paso en la cadena de cambios contra la corrupción.
Códigos de ética. Se necesita sumar a todo esto una pronta tramitación de la legislación para una verdadera libertad de prensa, el impulso a la inserción activa de las organizaciones no gubernamentales nacionales y regionales de lucha contra la corrupción, y el fomento de códigos de ética en el sector público y privado.
Como analista de los fenómenos jurídicos y sociales puedo entender que muchas personas, políticos, partidos y grupos no quieran asumir compromisos y releguen el tema de la reforma del Estado y la lucha contra la corrupción. La sociedad civil está llamada, entonces, a construir esa agenda.
Principios y valores. Personas y grupos pueden aspirar a dirigir el país, pero deben hacerlo basados en principios, valores y normas éticas, muchas de los cuales pueden encontrarlos en la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Ley de Enriquecimiento Ilícito, la Constitución Política y el amor a este nuestro maravillo país.
William Alberto Méndez Garita Abogado y periodista, exmiembro del Capítulo Nacional de Transparencia Internacional (Transparencia Internacional-Costa Rica).