Sería absolutamente necio insistir en que la invisibilización por medio del lenguaje se da a todo nivel. El presidente, los periodistas, los juristas, los maestros, los profesores, los sindicalistas, etcétera, cometen el mismo error, elevado a horror.
Veamos unos ejemplos en grandes titulares: “El Poder Judicial evalúa aumentar la contribución estatal a su régimen de pensiones”, “Empleados de la Corte cuestan casi el doble”, “Gobierno paga 97 tipos de pluses salariales”, “Fallida refinadora devora $30 millones de Recope”, “Gobierno condenado por sobreprecio de arroz”, “el ignoto costo de la ruta 32”.
Lo correcto sería: “El Poder Judicial evalúa pedir un aumento de la contribución que el pueblo hace a su régimen de pensiones”, “Los empleados de la Corte le cuestan al pueblo, casi el doble”, “El pueblo paga 97 tipos de pluses salariales”, “Fallida refinadora le cuesta a los ciudadanos $30 millones, “Los ciudadanos debemos pagar por la decisión de aplicar sobreprecio al arroz”, “El ignoto costo de la ruta 32 lo paga el pueblo”.
El lenguaje inclusivo nos permite determinar, entre otras cosas, quiénes son los actores, a qué tienen derecho los invitados y cuánto cuesta la fiesta.
En cada una de las anteriores situaciones, es posible visibilizar, también, a los responsables; bien remunerados con todo y pluses incluidos, dejan al descubierto su aptitud y actitud de acomodados.
Proclives a repartir –sin meterse la mano a la bolsa–, al despilfarro, la improbidad y la impunidad, toman decisiones o dejan de hacerlo en perjuicio del colectivo. Sin embargo, podemos percibir en ellos un agudo sentido para orquestar un entramado de procedimientos, algunos subrepticios, para cargar el fardo de la ineptitud sobre los hombros del ciudadano; ajustes (al alza) tarifarios, modificaciones presupuestarias, partidas especiales, contribuciones, tasas e impuestos, y todas las gollerías harto discutidas sobre remuneraciones es posible en ellos.
Clara identificación. Hay esperanza, la última resolución del Tribunal Administrativo de Transporte, TAT-2776-2015l, al menos condena con nombres y apellidos a los que tomaron la decisión de quitar o anular los permisos de trabajo a los porteadores (Seetaxi). Esta debe ser una conducta de todos los jueces del país. Obviamente, debemos analizar el fondo de toda sentencia, pero para efectos de este artículo, lo remarcable es que los fallos incluyan al autor material.
Debemos los ciudadanos aplaudir y pedir al unísono que, en adelante, los jueces determinen e individualicen a los abanderados de la ineptocracia, y les hagan pagar por sus torpezas y ventajas indebidas arrebatadas a la sociedad.
Hay una salvedad, no acreditar como solidario responsable al pueblo (el “Estado”), la responsabilidad esta suficientemente acreditada, a menos que, se trate para disponer los medios o procedimientos, para asegurar el cumplimiento de las indemnizaciones que los responsables tengan que honrar.
Se tiene a la mano un arma poderosamente eficaz contra la corrupción: visibilizar y no invisibilizar jamás al que paga el costo de la fiesta.
Señores jueces, pasarán a la historia, al hacer uso de esta poderosísima herramienta de control, que es decir nombres, identidades.
Mi hija, estudiante de secundaria, me advertía: “El primer acto de corrupción es aceptar un puesto para el cual de antemano se sabe que no se tienen las competencias”.
El autor es administrador.