El pasado 16 de noviembre La Nación publica la noticia ( http:// www.nacion.com /2012-11-15/Sucesos/ policia-acusado-de-violar-a-universitaria-fue-despedido.aspx ) de que un oficial de policía fue despedido de su cargo por violar a una joven universitaria, tres años después de haber cometido tal acto digno de toda reprochabilidad, censu- ra y castigo. Su compañero policía, cómplice al llevarse al amigo de la víctima para dejar a aquel solo con ella, solamente tuvo suspensión sin goce de salario por unos días.
Además de lo anterior, el Ministerio de Seguridad señala que la causa del despido del policía violador se realiza por “realizar actos de connotación sexual”. Es extraño cómo parecen interpretar entidades como el Ministerio de Seguridad y los departamentos legales la palabra “connotación”, ya que esta sugiere algo, pero no lo establece, y es claro que un suceso tan grave como una violación no es parte de una “connotación sexual”, es violencia sexual clara.
Tal vez no esté de más recordar una definición de violación, considerada como “la penetración forzada físicamente o empleando otros medios de coacción, por más leves que sean, de la vulva o el ano, usando un pene, otras partes corporales o un objeto [...] puede incluir otras formas de agresión que afecten a un órgano sexual, con inclusión del contacto forzado entre la boca y el pene, la vulva o el ano” ( OPS. (2002). Informe mundial sobre la violencia y la salud. Washington, D.C.: OPS).
Este deplorable uso del lenguaje de parte de entidades oficiales como el Ministerio de Seguridad, y en un caso como este, no es más que un reflejo de la poca seriedad e importancia que no solo el mismo Ministerio, sino el Gobierno en general, le dan a la violencia sexual que cada día sufren cientos de mujeres en el país. Según estadísticas del Poder Judicial, los delitos sexuales que se logran contabilizar allí (porque muchas denuncias ni siquiera se realizan) se han incrementado de 2006 a 2010, alcanzando un 142,7 denuncias por 100.000 habitantes.
Eufemismos o no, miedo a llamar a las cosas por su nombre, o pura necedad de la jerga legal, sumado a una pésima administración de la justicia, que en situaciones como esta debería ser pronta y cumplida, evidencian que la violencia sexual contra las mujeres, no importa la edad, es un problema gravísimo que se enmarca en la discriminación y subordinación social de estas gracias al sistema patriarcal imperante que alimenta la misoginia y el sexismo de forma cada vez más agresiva.
En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia Contra las Mujeres, es urgente que el Estado, junto a las entidades correspondientes, lleven a cabo acciones para frenar la violencia sexual, prevenirla y, además, garantizar una administración de justicia decente para tantas mujeres que tienen años esperando una resolución de su caso que les de, al menos, un poco de paz.