La “desplanificación” ambiental estratégica es un término que trata de resumir la ausencia de una efectiva planificación del desarrollo, realizado desde una perspectiva multidimensional, que toma en cuenta, además del tema económico y legal, el factor ambiental (medido físico, biótico y socioeconómico cultural).
En nuestro país adolecemos de ella y es la causa de muchos de los conflictos ocurridos en los últimos años. Ejemplos hay muchos: turismo (desbalance entre desarrollo inmobiliario y oferta hotelera), minería (Bellavista en Miramar,Crucitas en San Carlos), planificación urbana (Plan GAM), desarrollo energético (refinería y exploración de hidrocarburos), megaproyectos estratégicos (PH Diquís, geotermia en parques nacionales), áreas protegidas (continentales y marinas), vialidad (Caldera, San Ramón) e infraestructura portuaria (plan de desarrollo portuario de Limón-Moín).
Víctimas. Las secuelas son muchas, entre ellas el entrabamiento del país, con muchas víctimas. Por un lado, las autoridades de los gobiernos de turno que terminan justificando los problemas enfrentados, con el ya bastante trillado argumento de la “ingobernabilidad”. Por otro, los sectores económicos, públicos o privados, que, “frustrados” por el lento o imposible avance de sus proyectos, le echan la culpa a “los del No”.
Sin embargo, la víctima real de la desplanificación es la sociedad, con las comunidades urgidas de inversión y desarrollo a la cabeza, y los recursos naturales y el ambiente, que, al final, son el “sacrificio ambiental” que todos pagamos.
Solución. A nivel internacional existe desde hace décadas, y en muchos países se utiliza con bastante éxito. Se trata de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), aplicada a las decisiones de planificación estratégica, particularmente a las políticas, planes y programas, así como a megaproyectos estratégicos.
En nuestro país, a raíz de una resolución de la Sala Constitucional del año 2002, se introdujo un capítulo sobre EAE en el Reglamento general de evaluación de impacto ambiental, desde el 2004. Lo único que ha faltado es que el Poder Ejecutivo promulgue el reglamento con que operaría la EAE, cuya propuesta se tiene desde el 2009.
Los tres principios fundamentales de la EAE son: la transparencia, la información y la participación. Esta última se da entre los representantes de los diferentes sectores de la sociedad, que discuten los pros y los contras de una propuesta, considerando el análisis de alternativas, el grado de consistencia con otros planes, los riesgos que implica, los efectos estratégicos y las medidas ambientales, el grado de “sacrificio ambiental” y las formas de compensarlo, así como las salvaguardas ambientales y sociales que deben ser tomadas en cuenta.
Esto se puede hacer en pocos meses, en la medida en que, a diferencia de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), no se requiere de extensos y detallados estudios técnicos de línea base. Su producto final es un informe de sostenibilidad ambiental, aprobado por la autoridad ambiental, y que sirve de guía para la ejecución de los proyectos y sus respectivas evaluaciones de impacto ambiental.
Cambio. Para implementar la EAE en Costa Rica y corregir de raíz el serio problema de entrabamiento del desarrollo, solo se necesitala voluntad política para impulsarlo. En esto hemos insistido durante los últimos años, con poco éxito, ante las actuales autoridades del Minae, que, lejos de avanzar por el sentido correcto, han tomado la ruta de intervenir la Setena y formular cambios en su reglamentación, dirigida por una malentendida competitividad, en la que desregulan sin criterio, agravando así la seria crisis de ingobernabilidad de que tanto se quejan y de judicialización en que siempre llevan esas desacertadas decisiones.
La participación ciudadana es clave, y el Foro de Occidente viene a demostrarnos cómo una comunidad organizada, consciente de lo estratégico que puede representar una carretera para ella, puede elaborar propuestas alternativas viables que el Estado se muestra incapaz de tan siquiera esbozar.
Dada esta situación, lo único que queda es esperar que las nuevas autoridades de gobierno que se elijan el próximo año, asuman una mayor responsabilidad para corregir ese cáncer de desplanificación estratégica que carcome nuestro país desde hace mucho.
Hacer a un lado la participación ciudadana y evitar una discusión nacional sobre estos temas podría hacernos perder cuatro años más, como los que hemos perdido en el cuatrienio 2010-2014, al que podemos sumarle también el cuatrienio en esta materia del 2006-2010: lo inconsulto llegó a los tribunales que se encargaron, una y otra vez, de parar en seco ocurrencias decididas por unos pocos.
Al respecto, las declaraciones recientes del candidato presidencial de Liberación Nacional, en el sentido de que quiere impulsar la Ley de Energía y la Exploración de Hidrocarburos, sin que medie un proceso de participación (EAE) para esas decisiones, parecen mostrar que la línea sería la misma, es decir, la imposición sobre la discusión técnicamente correcta.
La principal tarea estratégica que tenemos todos es la de valorar las propuestas de los candidatos y sopesar bien cuál de ellas realmente involucra a la sociedad en la toma de decisiones estratégicas. Solo así podríamos avanzar hacia un verdadero cambio.