Hoy hace un mes, el martes 21 de junio, el viceministro de Transportes, Sebastián Urbina, publicaba un tuit que le costaría el despido: “Las decisiones en transporte público hay que tomarlas anteponiendo los intereses de la ciudadanía sobre los de cualquier grupo económico”.
Esa frase, supimos dos días después, se la había recalcado al presidente Luis Guillermo Solís en una carta de renuncia no aceptada.
Ese “grupo económico”, supimos al instante de la publicación en Twitter, eran los poderosos autobuseros, que destronaron a Urbina en cuestión de horas y, 22 días después, veían coronada como viceministra de Transportes a una colaboradora suya, la arquitecta Liza Castillo, la que antes les daba asesoría y les llevaba apuntes de lo conversado con Urbina.
El solo hecho de que ella venga del corazón de los autobuseros deja ver la ligereza con que el Gobierno –desde la Casa Presidencial y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes– se tomó la designación de un cargo tan relevante para los usuarios de buses y taxis.
Lo idóneo era elegir a una persona independiente de los buseros y con plena autoridad para velar por los intereses de los millones de costarricenses que a diario usan los buses.
En este caso, el ministro Carlos Villalta respondió que no sabía que ella iba con los buseros a las reuniones con el mismo Urbina y el mismo MOPT. ¿Cómo así?
Antes de designarla en un cargo tan sensible y sujeto al interés de un grupo económico, debió entrevistarla con profundidad, pedirle un informe de dónde había trabajado antes, consultarle si tenía o no conflicto de intereses con los transportistas que entraría a ordenar... Por lo dicho, nada de eso se preguntó.
Ella, por su parte, debió comunicar que envió un “correíto” a los buseros para que la invitaran a las reuniones de marzo y abril con Urbina; ella debió decir que fue “oyente” y tomadora de apuntes en una de las citas; ella debió excusarse del ofrecimiento del importante puesto por haber asesorado antes a los buseros.
Hace falta dignidad. Del presidente Solís y el ministro Villalta, para admitir que se equivocaron con este nombramiento a la ligera, y de ella, para renunciar por no haber comunicado, como dice Villalta, sus asesorías a buseros.
El autor es jefe de Redacción en La Nación.