Quienes hemos abogado por la venta de activos estatales para reducir la deuda interna hemos cometido el error, posiblemente, de omitir que no vemos en ello un mecanismo permanente de financiación del Estado, sino una medida extraordinaria que de ningún modo elimina la necesidad de políticas fiscales equitativas, sanas y estables.
Por no haber hecho esa aclaración merecimos una reprimenda del Dr. Ottón Solís. El tiene razón: Si se adopta la venta de activos estatales como una forma normal de pagar la deuda, terminaríamos vendiendo no solo las islas, sino también las montañas, los ríos, el subsuelo y el aire. Hecha esa aclaración, sin embargo, me parece que sigue teniendo validez la tesis del Dr. Oscar Arias. La venta de activos del Estado para pagar la deuda interna, y liberar así recursos que puedan dedicarse a la educación y otras formas de inversión social, es la mejor forma de orientar al país hacia un futuro, como se dice ahora, sostenible.
¿Cómo asegurar, sin embargo, que la deuda pública no se vuelva a disparar más adelante, cuando ya el Estado no tenga activos "vendibles"? Para reducir la deuda y el déficit fiscal se piensa siempre en dos acciones: control del gasto público y aumento de la recaudación tributaria. A eso tiende, bien o mal, el proyecto de garantías económicas que se quiere incorporar a la Constitución. Se pretende instaurar por ley lo que no hemos podido lograr por disciplina y sentido común. Puede ser que no quede otro remedio, suponiendo que ese sea, en efecto, un remedio. De todas maneras, el enfoque fiscalista del tema deja por fuera al único factor que puede mantenernos libres del problema a lo largo plazo: la productividad de la gente.
Una sociedad en la que existan suficientes oportunidades para todos, y en la que la gente esté capacitada para sacar de sí el mejor provecho (es decir, una sociedad equitativa y productiva) no requiere que el Estado rebase sus límites para ofrecerle una vida digna a las personas. He allí el mérito de la tesis del Dr. Arias Sánchez. No propone la venta de activos simplemente para pagar deuda, sino que la vincula al único factor que a la larga puede terminar con el círculo vicioso: la educación, que es la base de la realización humana y por lo tanto, entre otras cosas, de la productividad. Este comentarista, con toda modestia, le da también la razón al Dr. Saúl Weisleder cuando nos advierte que las privatizaciones, totales o parciales, no pueden hacerse a la ligera. Hay que observar, en el proceso, principios de oportunidad, equidad y transparencia que son insoslayables. Pero eso no significa que ganemos nada aplazando la tarea. Porque, mientras nos entretenemos en cavilaciones, la educación pública costarricense se sigue hundiendo en un pantano del que cada día será más difícil sacarla.