El martes 29 de noviembre el periodista Diego Bosque confirmó, en la página 11A de La Nación, un secreto a voces: los usuarios de autobús tienen una pobre representación ante el Consejo de Transporte Público (CTP).
La preocupación por el proceso de selección, las calidades y las condiciones del nombramiento de la representante las externaron la defensora de los habitantes, varios diputados y grupos organizados.
¿Cómo puede estar la representación de millones de costarricenses, en un tema fundamental, como el transporte en autobús ante un órgano fiscalizador del Estado, en manos de una persona que básicamente desconoce el asunto?
“Es importante señalar que el CTP es eminentemente un órgano técnico. En ese sentido, mi función ha sido vigilar que los informes realizados por las Áreas de Control y Legal guarden congruencia con los hechos denunciados y las irregularidades encontradas”, explicó Olga Barrantes Arias a La Nación. Los abogados dirían que ante confesión de parte, relevo de prueba.
Participación activa. El representante de los usuarios no debe solo vigilar y reaccionar. Se espera proactividad, propuestas, que traiga a colación aspectos técnicos que no son del interés de los concesionarios, pero sí de los usuarios, y que participe en la elaboración de políticas, proyectos y solución de problemas a partir de su experiencia y conocimiento.
La prestación del servicio de transporte público –modalidad autobús– ha girado alrededor del modelo de negocio de los empresarios y no de las necesidades del usuario, pese a ser concesiones.
Si el Estado no tiene claro cuáles son los derechos de los ciudadanos, ¿cómo puede el representante de los usuarios exigir a este y a los empresarios que cumplan con sus obligaciones si las desconoce?
Se ha hecho “costumbre” que un buen servicio consiste en que un bus pase por el punto A y nos lleve al punto B a cambio de una remuneración y… fin del negocio. Pero alrededor de esto hay toda una serie de derechos que se incumplen, o se cumplen a medias.
Un par de ejemplos. Los usuarios de la mayoría de líneas tienen la “parada final” en calles de las ciudades del Valle Central con sucias y congestionadas aceras, donde sufren las inclemencias del clima (Pavas, Desamparados, San Pedro, Moravia, Guadalupe).
Las personas tienen derecho a un espacio específico, servicios sanitarios, iluminación y protección del mal clima. No una cutre acera llena de grietas, vendedores ambulantes y basura. Las paradas a lo largo del recorrido también deben cumplir con un mínimo de mobiliario, díganse techo, bancas y horarios. No solo una raya amarilla en el suelo con las siglas CTP.
Asimismo, el usuario tiene derecho a la información, uno de los principales puntos en los cuales el Estado se hace de la vista gorda y los empresarios ignoran olímpicamente. ¿Información de qué? De la regularidad del servicio, que ponga en evidencia el incumplimiento de los horarios. Información en cada parada que indique a qué hora pasa por ese lugar cada bus cada día.
Información fidedigna de la cantidad de personas movilizadas a través de sistemas de cobro electrónico que permitan eliminar hasta la mínima duda sobre el costo del servicio y del cumplimiento con todas las obligaciones por parte del concesionario.
Si uno no sabe a qué tiene derecho, jamás va a poder exigirlo. Si la representante de los usuarios no sabe lo que está defendiendo, no puede hacerlo.
Tema único. Solo oímos hablar de que el modelo tarifario tiene que satisfacer las necesidades de los autobuseros, pero no se habla de los derechos fundamentales de los usuarios.
A los empresarios los vemos en la prensa cuidando sus posiciones. ¿Cuándo fue la última vez que la representante de los usuarios hizo lo propio? ¿Sabe ella cuáles son los derechos que tienen los usuarios más allá de lo que dicen las Cámaras? ¿Con qué propiedad puede razonar la metodología de las tarifas, el cobro electrónico o la sectorización? ¿Qué criterio técnico puede tener para cuestionar si un bus debe ser de piso bajo, motor trasero, chasis autoportante o suspensión neumática en función de la ruta?
El representante de los usuarios ante el CTP no tiene que tener maestrías en transporte público, administración pública y arquitectura urbana. Pero debe conocer, con propiedad, aspectos técnicos de los buses, las rutas, así como cuáles son los derechos de los usuarios y cómo velar por ellos.
Espero que la preocupación de la defensora de los habitantes y los diputados se materialice corrigiendo un nombramiento anómalo y mejorando el proceso de selección del representante de los usuarios.
El autor es periodista.