Las municipalidades constituyen gobiernos locales y tienen a su cargo la administración de los intereses y servicios de sus respectivos cantones. En ese sentido, son actividades propias de su competencia el otorgamiento de patentes para el expendio de licores y el control de la venta de licor.
Es palpable el rezago que muestra la normativa vigente que regula esta materia. A la fecha contamos con una ley promulgada en 1936, justificable para la Costa Rica de aquel entonces, pero al día de hoy totalmente obsoleta. Está claro que los gobiernos locales requieren de una legislación moderna y efectiva que ordene este tipo de comercio y permita un equilibrio entre el otorgamiento de licencias y el control de esta actividad tan sensible para la sociedad.
Así ha sido evidenciado recientemente por la Contraloría General de la República (CGRR) al emitir su informe DFOE-DL-IF-2011, que contiene un análisis de la gestión respecto al otorgamiento, cobro y control de patentes para la venta de licor por parte de las municipalidades, a la luz de esa antiquísima ley.
Proyecto de ley. La Unión Nacional de Gobiernos Locales, en calidad de entidad que asocia y representa al régimen municipal en el país, durante varios años ha venido propugnando por el cambio en la legislación sobre licores, al punto de que ha promovido la aprobación del proyecto de ley tramitado bajo el expediente legislativo n.º 17.410, con el cual se pretende derogar la vieja ley de licores y contar con un marco legal acorde con nuestra realidad.
Este proyecto fue conocido por la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa y actualmente se encuentra en el plenario, no sin antes haber sido objeto de un arduo trabajo orientado siempre en mejorar su contenido tanto desde la perspectiva municipal como de los efectos sociales que le son inherentes.
Entre otros alcances, esta iniciativa plantea la creación de un nuevo régimen de licencias en lugar de patentes, mantiene la potestad municipal de otorgarlas y establece que estas licencias son intransferibles dado que serán de uso exclusivo para la actividad registrada en la municipalidad, con lo cual se eliminaría la especulación privada de estos derechos.
La propuesta también contempla un nuevo modelo, simple y moderno, de clasificación de las actividades para las cuales se puede otorgar la licencia; asimismo, la sustitución del insignificante impuesto que actualmente pagan los patentados por un canon proporcionado y justo que será definido a partir de un sistema de bandas que establecerá la nueva ley y dentro de las condiciones que la municipalidad definirá reglamentariamente en atención a criterios socioeconómicos propios de su cantón.
El proyecto prevé además un fuerte régimen de prohibiciones y de sanciones tendiente a generar responsabilidad a los expendedores de licor, en el sentido de que tienen impedimento para vender o suministrar licor o contratar laboralmente a menores de edad, para vender o suministrar licor a personas en estado de embriaguez o con incapacidad volitiva, y para vender licor sin contar con la respectiva licencia.
La iniciativa regula sobre distancias mínimas de ubicación, zonas prohibidas para ejercer la actividad, horarios y la prohibición del consumo de licores en áreas públicas, salvo las enmarcadas en fiestas o ferias previamente autorizadas por la municipalidad.
Finalmente, destaca de la propuesta el fortalecimiento de las competencias municipales para ejercer el control de la actividad en cumplimiento de la ley, al permitir con claridad el cierre de los establecimientos, la cancelación de las licencias y la imposición de multas.
Mejor control. Sin duda alguna esta propuesta debe aprobarse, puesto que dispone de un marco regulatorio óptimo en materia de licores y reconoce en las municipalidades su verdadero rol de gobiernos locales.
Fortalece su autonomía al brindarle potestades y competencias que garantizarían el ejercicio responsable del comercio de licores, un desarrollo económico sostenible de la actividad y un estricto esquema de control en caso de incumplimientos.
Lo anterior, sin dejar de lado el fortalecimiento financiero que implica la captación de recursos por el ejercicio de esta actividad tan lucrativa, que servirá para fortalecer las labores de inspección y el marco de acción de gobierno locales en beneficio directo de la ciudadanía.
Dentro de este panorama, la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) insta vehementemente a los miembros de la Asamblea Legislativa para que emitan un voto favorable a esta iniciativa de ley, con lo cual no solo contribuirán a modernizar el marco regulatorio de esta actividad tan sensible, sino que fortalecerán a las municipalidades como gobiernos locales tanto en aspectos de ordenamiento como de control.
El gobierno local está en el deber y la disposición de cumplir a la ciudadanía con la atención de sus demandas, pero solo con legislación acorde y adecuada podrá satisfacer esos requerimientos.
Karen Porras Arguedas. Directora ejecutiva Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL)