Tanto que nos quejamos de nuestros gobernantes, y hay una solución. En el 2003 se hizo una importante modificación en el art. 9 de la Constitución Política, apenas conocida por los ciudadanos: además de los clásicos tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), se incorpora nada menos que al pueblo como un poder más. Esto último se reafirma al agregar que el Gobierno de la República es no solo “representativo, alternativo y responsable” sino, también, “participativo”. Lo último es fundamental para un ejercicio del poder más democrático por parte, ya no solo de las autoridades que elegimos sino, también, por parte de todos los ciudadanos quienes, hasta ahora, en teoría somos el gran soberano; pero solo nos manifestamos (con apatía y hasta inmadurez política) en las votaciones de cada cuatro años.
Para hacer efectivo tal derecho era necesaria una ley que especificara de lo que se trata y cómo se puede ampliar la participación ciudadana en el Gobierno de la República. Precisamente, en tal objetivo se ha centrado un concienzudo grupo de ciudadanos en torno al catedrático universitario Raúl Alvarado. Resultado: el proyecto llamado “Ley de promoción de la participación ciudadana en el control de las actividades del Estado”, cuyo texto corregido por el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa y por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) fue publicado en La Gaceta Nº 91, del pasado 14 de mayo.
El proyecto defiende la participación de ciudadanos que formen comisiones de control popular para vigilar el buen desempeño de las instituciones del Estado. Se trata de que en estas comisiones los ciudadanos (con nombramiento ad honórem, como debe ser) puedan observar y emitir opinión sobre la labor de las instituciones, sobre todo en lo administrativo y financiero, pero sin que esto implique un cogobierno. La Contraloría General de la República sería la encargada de emitir los reglamentos y disposiciones para la integración de las comisiones.
Puesto que el proyecto se quiere presentar como una iniciativa ciudadana, los gestores y organizadores están, ahora, recopilando las firmas necesarias para solicitar al TSE la realización de un referendo. En tal sentido, es importante que los ciudadanos estemos atentos a las firmas en los folios oficialmente autorizados para este fin.
Como ciudadano, que no soy ni he sido parte del grupo gestor, tengo bien claros tres aspectos fundamentales para la consecución de este proyecto. En primer lugar, debe estimularse la recolección de firmas acompañada de divulgación oportuna para los ciudadanos. Segundo, la participación civil en las comisiones que se formarán, debe ser plena, con gente de “a pie”, como el vendedor ambulante, el peón de construcción, el campesino sin tierra, etc. (así aseguramos que haya una buena representación del verdadero pueblo y no solo por parte de grupos favorecidos en lo social, lo económico, lo cultural, etc.).
En tercer lugar, debe existir el mecanismo certero que impida la entrada en estas comisiones de cualquier persona fundamentalista, discriminatoria o con otra actitud por encima de la ley, de manera que no traigan a ellas el desprestigio que ya han acarreado a la institución legislativa en las últimas administraciones. Una exclusión constitucional así ya existe (y con mucha lógica) para el acceso a los puestos más altos de los otros dos poderes de la República.