La noticia del miércoles 24 de agosto en La Nación me impactó: “ 31 quirófanos paralizados por falta de anestesiólogos”. La nota indica que según la Dirección Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) existe un faltante de 151 anestesiólogos.
Cómo explicar que el déficit de especialistas haya llegado a tanto y cómo entender que existan quirófanos disponibles pero que se encuentren paralizados por falta de especialistas.
La entidad encargada de la formación de especialistas ha sido la Universidad de Costa Rica en conjunto con el Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (Cendeisss);sin embargo, podemos decir que tal labor los ha desbordado.
A manera de ejemplo, en el informe Necesidades de especialistas médicos para la CCSS, proyección 2006-2017, publicado por el Cendeisss en diciembre del 2006, se indicaba que entre el 2006 y el 2017, la CCSS requeriría la formación de 70 médicos especialistas en radiología, pero la noticia nos impacta cuando nos expone que en agosto del año 2016, la Caja requiere 44 especialistas.
En cuanto a anestesiología, los estudios del Área de Planificación del Cendeisss habían determinado que, del 2005 al 2011, la CCSS requeriría 109 anestesiólogos, y a la fecha el déficit es de 151.
Solamente en la especialidad de ginecología y obstetricia, el déficit a agosto del 2016 era de 131 profesionales.
Capacidad limitada. En el documento Especialidades disponibles II etapa 2015-2016, publicado también por el Cendeisss, tenemos que para la especialidad de anestesiología solamente se tendrán disponibles 20 plazas, para ortopedia 6, para radiología 6 y para ginecología y obstetricia 8.
Esto quiere decir que a la UCR y al Cendeisss les tomará de 7 a 8 años cubrir el faltante de plazas para la especialidad de anestesiología e igualmente para cubrir el faltante en radiología, y les tomará aproximadamente 15 años en ginecología y obstetricia.
El dolor, la frustración y el trastorno social que se produce cada día por la falta de especialistas no puede ser abordado únicamente desde la perspectiva de la CCSS, de la UCR o del Colegio de Médicos, los enfoques de dichos entes en la práctica han resultado insuficientes para resolver el problema.
Incluso puede suceder que el actual déficit de especialistas se incremente ahora que a la CCSS se le aprobaron fondos para nueva infraestructura.
Universidades privadas. Las universidades privadas han venido formando profesionales en medicina desde hace más de 35 años.
Miles de profesionales en medicina han salido de sus aulas y se han incorporado en forma exitosa a las estructuras de la seguridad social y demás Instituciones. Un elevado porcentaje de estos profesionales son especialistas y también profesores en las universidades públicas y privadas.
El signo de los tiempos ha cambiado, y esto implica que la responsabilidad de la formación de especialistas deba ser compartida por las universidades públicas y privadas.
Existen universidades privadas que disponen de la infraestructura: clínicas, quirófanos, centros de diagnósticos y hospitales donde pueden brindar la formación de especialistas. Tienen los profesores debidamente acreditados y capacitados para afrontar la tarea, existen también vínculos con universidades extranjeras de primer nivel para apoyar y potenciar la formación de estos especialistas y que se realice acorde con las últimas tendencias del mundo.
Se podrían desarrollar convenios entre la CCSS y los entes universitarios privados para que estos abran las clínicas de especialidades, quirófanos y centros de diagnósticos para recibir pacientes de la CCSS. Esto serviría en doble sentido: aliviaría la presión en las listas de espera en áreas críticas (cirugías, radiología, anestesiología y ginecología) y permitiría abrir más campos clínicos de residentes en las especialidades que más demanda la CCSS. Sería, en fin, una relación ganar-ganar.
El satisfacer las necesidades de formación de especialistas de la seguridad social requiere disposición, humildad y adaptación al signo de los tiempos. Y ante el problema que nos desborda, las universidades privadas deben contribuir a la solución.
El autor es abogado, miembro de la Junta Directiva de la Unibe.