Hace ya varias décadas que los países desarrollados comprendieron la importancia de considerar explícitamente la ciencia y la tecnología en sus procesos políticos de planificación del desarrollo económico y social. Dentro de estos procesos, la participación de las universidades mereció especial atención, sobre todo por su importancia en la generación de conocimiento y desarrollo de la investigación. En Costa Rica se ha hecho en años recientes un esfuerzo sostenido para asegurar la presencia de la ciencia y la tecnología en el ámbito político. Los temas ligados al desarrollo científico y tecnológico se convirtieron en importantes ejes articuladores de las políticas nacionales. El último ejemplo de este proceso fue la convocatoria, en junio de 1994 por el Dr. Roberto Dobles, entonces ministro de Ciencia y Tecnología, de representantes de los grupos de investigación y productivos nacionales para elaborar un nuevo plan de desarrollo científico y tecnológico, el que debería constituirse en la guía del Estado costarricense para enfrentar con éxito los retos de la globalización.
El largo proceso que lleva a dar un lugar o una presencia a la ciencia y la tecnología en el ámbito político y de gestión de gobierno se inicia en la década de los sesenta, en Costa Rica y en muchos países de América Latina, bajo el impulso de la UNESCO. En 1972 se crea en nuestro país el Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT). Esta institución jugará un papel fundamental en la promoción y el apoyo al desarrollo científico y tecnológico nacional, sobre todo con el trabajo de comisiones de expertos en diversos ámbitos, logrando una estrecha relación con la comunidad científica costarricense, principalmente con las universidades estatales, donde ésta se concentra. El CONICIT encuentra en su trabajo con los investigadores su legitimación y un amplio respaldo.
Una segunda etapa llega en 1986 con la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICYT), como mecanismo central para consolidar la "variable científica y tecnológica" en la esfera política. Sin embargo, su creación se da sin las indispensables delimitaciones de competencias con el CONICIT. Esquemáticamente, el Ministerio asumiría el papel de rector político y el CONICIT el de brazo técnico y promotor de las políticas de gobierno en ciencia y tecnología.
De este modo, la ciencia y la tecnología y su papel en el desarrollo comienzan a consolidarse dentro del discurso político nacional. El CONICIT logra ejecutar dos grandes préstamos internacionales con recursos para la formación de recursos humanos, inversión en infraestructura y proyectos en ciencia y tecnología, los que contribuyen de manera decisiva al desarrollo de la comunidad científica y tecnológica nacional. Con estos recursos también se capacitan muchos funcionarios del CONICIT en la administración de la Ciencia y la Tecnología. En la década de los noventa el CONICIT y el MICYT incorporan activamente al sector productivo privado en el proceso de planificación y promoción del desarrollo científico y tecnológico. Esto tiene un efecto negativo no previsto, al surgir algún recelo en los investigadores, desplazados o marginados por la preeminencia dada las necesidades del sector privado.
La ausencia de una delimitación clara de los ámbitos de competencia del MICYT y del CONICIT, la "profesionalización" administrativa del CONICIT y el desarrollo de una importante burocracia estatal ligada a la administración de la ciencia y la tecnología llevan a estas dos instituciones a distanciarse de la comunidad científica. Se pierde la legitimidad frente a los investigadores y se podría preguntar si en este proceso se ganó credibilidad frente al sector privado. Si se juzga por la indiferencia con que este sector ha tomado las iniciativas recientes del Gobierno, esto no se logró.
Era evidente la necesidad de un cambio, sobre todo en el CONICIT, y aquel tardaba en llegar. Hace algunos meses, dentro del plan de reforma del Estado costarricense, el Gobierno anuncia el cierre de CONICIT y la desaparición del MICYT, el que se integrará al Ministerio de Economía, Industria y Comercio. La decisión toma por sorpresa a la comunidad científica, y la reacción es más de perplejidad que de defensa a las instituciones que desaparecen o se modifican. Algunas de las críticas esgrimidas por el Gobierno, al justificar el cierre del CONICIT, son percibidas por la comunidad científica como válidas, sobre todo las relativas a su excesiva burocratización, la que ha sido justificada frente a las necesidades administrativas de ejecución de grandes proyectos de financiamiento externo. Sin embargo, dos hechos fundamentales confunden a los investigadores:
1) la naturaleza inconsulta de la decisión, sobre todo luego del amplio proceso de concertación, que duró más de seis meses, para la conformación del nuevo plan de desarrollo del MICYT y
2) la ausencia de propuestas claras que permitan identificar instancias o mecanismos de articulación entre los diferentes actores que participan en la definición y ejecución de la política científica y tecnológica nacional. Algunos principios orientadores del cambio han sido expresados por el viceministro de Ciencia y Tecnología, Eduardo Sibaja, pero no se ha dado un debate abierto sobre el tema. Las soluciones propuestas se centran en la creación de mecanismos para que los recursos financieros para el desarrollo científico y tecnológico lleguen directamente a los grupos de investigación y desarrollo, sin intermediarios burocráticos. De estas justificaciones siempre ha estado ausente una consideración seria del porqué de una política científica y tecnológica nacional y el análisis de los mecanismos que restablecerían el alto perfil político que la ciencia y la tecnología habían adquirido en las dos administraciones pasadas.
No debemos olvidar que la ciencia y tecnología, como actividad indispensable para el desarrollo económico y social corta toda la actividad nacional. Desde este punto de vista se justifica la presencia de un Ministerio, como eje coordinador nacional de la política científica y tecnológica. En los países desarrollados que han optado por la existencia de ámbitos ministeriales para la ciencia y la tecnología, se encuentran ministerios independientes o asociados y las soluciones usadas reflejan una política explícita para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Encontramos así en diferentes gobiernos franceses ministerios de ciencia y tecnología independientes, o asociados al de industria o al de educación superior. Esta última opción, la de asociar la ciencia y la tecnología a la educación superior, a las universidades, obedece a una lógica que es importante examinar en el contexto costarricense. Como ya he apuntado, en Costa Rica gran parte de la actividad de investigación científica y tecnológica se concentra en las universidades públicas. Si en una base per cápita esta comunidad científica es grande y altamente productiva dentro del ámbito de los países en vías de desarrollo, en términos absolutos es pequeña. Y al ser pequeña es poco redundante: existe una adecuada diversidad de especialistas, pero una inadecuada concentración en campos estratégicos para el desarrollo. Esto hace a esta comunidad particularmente frágil. Movimientos de investigadores del sector universitario al empresarial crean vacíos difíciles de llenar. La redundancia permitiría el desarrollo de interlocutores válidos en los sectores público y privado que garanticen una adecuada articulación de necesidades y acciones de investigación y desarrollo.
Recordemos que la universidad pública es el espacio óptimo para la discusión interdisciplinaria indispensable para el desarrollo, sobre todo si este lo enmarcamos dentro del concepto de "desarrollo humano". De las múltiples tareas que tiene la investigación universitaria podemos destacar tres: 1) una función endógena, para su propio desarrollo y para contribuir al proceso de enseñanza y formación de nuevos profesionales; 2) la participación en la solución de problemas, sobre todo aquellos que tocan sectores prioritarios nacionales, sea por consideraciones de desarrollo social como por las de desarrollo económico, y 3) una función de previsión hacia el futuro, dándose los medios para poder intervenir sustantivamente ante situaciones no previsibles. Es el marco crítico de libertad y autonomía de la universidad pública el que permite un adecuado equilibrio entre estas tres tareas. Pero la universidad necesita una contraparte gubernamental en la que pueda contrastar sus acciones, que sea interlocutora de sus logros y acciones, en la que pueda encontrar puntos de referencia para planificar su desarrollo y dirigir adecuadamente el equilibrio de las tres funciones que he señalado.
En las propuestas actuales del Gobierno para la organización de la ciencia y la tecnología, las universidades públicas no encontrarían el mejor interlocutor. Por el contrario, la fusión de Ciencia y Tecnología con Industria y Comercio busca constituir un interlocutor idóneo para el sector productivo, principalmente el industrial. Frente a esta propuesta, si se mantiene la decisión de hacer desaparecer el CONICIT, creo que la argumentación anterior nos llevaría a reinventarlo, o al menos, a definir una instancia, que en sus funciones básicas, conforme lo que el CONICIT cumplió en sus primeros años de existencia, un instrumento fundamental de articulación entre la comunidad de investigadores científicos y tecnológicos y las necesidades del desarrollo de la sociedad costarricense en su conjunto.
(*) Universidad de Costa Rica