NUEVA YORK – Por fin, los candidatos republicanos en la campaña presidencial de los EE. UU. han empezado a centrarse en la economía. En un momento de ansiedad en aumento entre los votantes de renta media por la desigualdad de la riqueza y una comprensión cada vez mayor de la insostenibilidad de la seguridad social y Medicare, ese debate no podría ser más importante. Lamentablemente, no se está prestando la suficiente atención a la vinculación entre esas dos cuestiones decisivas.
En realidad, abordar los problemas de la seguridad social y Medicare reviste importancia decisiva para hacer lo propio con los que aquejan a la clase media, pero los progresistas en materia de política fiscal, en particular, siguen obsesionados con la idea de aumentar los tipos impositivos a los ricos para financiar unos ingresos mayores para todos los demás.
La redistribución de los ingresos puede ser una idea atractiva para algunos, incluidos, en menor medida, los republicanos que apoyan una versión atenuada, en la que unos tipos impositivos marginales relativamente altos sirvan para apoyar una asistencia mayor a las familias, pero se trata de falso oro. Como muestra un reciente estudio de la Institución Brookings, unos mayores tipos impositivos marginales de poco servirían para reducir la desigualdad de la renta en los EE. UU.
Asimismo, unos impuestos mayores no pueden resolver el problema planteado por los pasivos no financiados de la seguridad social y Medicare. Para mantener esos programas en su forma actual, habría que aplicar a los americanos de renta media aumentos de impuestos destructores del crecimiento, además de reducciones continuas en la financiación gubernamental de la defensa, la educación y la investigación.
Solo hay una forma de garantizar una prosperidad ampliamente compartida en los EE. UU.: una política fiscal orientada al futuro y encaminada a impulsar el empleo y la productividad, mantener bajos los tipos impositivos marginales, fortalecer al apoyo a los trabajadores e invertir en la educación, la innovación y las infraestructuras. La otra opción –permitir que el pasado, en forma de pagos de intereses de la deuda nacional y gasto en prestaciones, siga dictando la política fiscal– bloquearía la prosperidad de los hogares de renta media, pues requeriría continuos aumentos de impuestos y reducciones de la inversión públicas.
Para financiar esa política orientada al futuro, los dirigentes de los EE. UU. deben aplicar reformas que mejoren la viabilidad a largo plazo de la red de seguridad social. En su estado actual, la seguridad social y Medicare son insostenibles, pues el desfase a largo plazo entre los ingresos proyectados y los beneficios prometidos ascendería a billones de dólares: muy superior a la deuda oficial que el Gobierno Federal ha acumulado a lo largo de su historia.
Colmar dicho desfase con aumentos de impuestos, cuya carga recaería en gran medida sobre los hogares de renta media, pondría en peligro el crecimiento económico y los niveles de vida, para lo que los recortes de gastos no constituyen una válvula de seguridad. La atención de salud y la seguridad social ya consumen la mitad del presupuesto federal de los EE. UU., frente a la sexta parte en 1965, y, según proyecciones, esos desembolsos en relación con el PIB ascenderían a más del doble en el 2040. Sin cambio de rumbo, los balances de los “fondos fiduciarios” de los programas se agotarán en el decenio del 2030.
Para evitar ese resultado, los dirigentes políticos de los EE. UU. deberían limitar el crecimiento del gasto en prestaciones y fortalecer el apoyo a las personas de renta media. Si bien la seguridad social y Medicare siguen siendo importantes para garantizar el bienestar en la jubilación, se debe actualizar su papel a fin de atender las necesidades actuales.
Por ejemplo, para velar por que nadie que haya trabajado treinta años o más viva en la pobreza en la vejez, la seguridad social necesita una mayor prestación mínima para los trabajadores de ingresos menores y que las prestaciones de las personas mayores más acomodadas aumenten menos a lo largo del tiempo. La adopción del índice de precios al consumo encadenado para los cálculos de las prestaciones federales permitiría que estas representaran la inflación con mayor precisión, además de aminorar el ritmo de aumento de las prestaciones para las personas.
Además de estabilizar las finanzas de la seguridad social, los dirigentes de los EE. UU. deben aplicar políticas que concedan un mayor valor al trabajo. Los mayores que sigan trabajando después de haber alcanzado la edad de 67 años para la jubilación no deben estar sujetos al impuesto sobre la nómina y se debe eliminar la prueba de los beneficios de la jubilación para que los mayores puedan trabajar con jornada completa sin perder las prestaciones de la Seguridad Social. Por último, se deben aumentar los incentivos para el ahorro con miras a una jubilación privada.
Un planteamiento igualmente sincero y moderno puede afianzar el programa Medicare, sin grandes aumentos de los impuestos a los americanos de renta media. Para empezar, se deben aplicar las propuestas bipartidarias de ayuda para el pago de las primas de seguros de salud privados suscritos por los mayores.
Para permitir a las personas prepararse para sufragar las deducciones y copagos correspondientes, se deben ampliar y fortalecer las cuentas de ahorro para la salud, fondos que no están sujetos al impuesto de la renta en el momento del depósito y se pueden utilizar, exentos de impuestos, en cualquier momento para sufragar gastos médicos parciales. La ayuda para el pago de las primas puede reducir en gran medida el gasto de Medicare, pues establece un marco para un gasto más eficiente de las prestaciones, impulsado por la competencia y la innovación en materia de atenciones y coberturas.
Hasta ahora, el único candidato presidencial que ha reconocido la necesidad de ese planteamiento orientado al futuro es el exgobernador de Florida Jeb Bush, quien ha propuesto reformas modernizadoras de la seguridad social y Medicare que eviten la imposición de costos elevados a los americanos de renta media y una mayor carga de deuda para las generaciones futuras. Otros dos candidatos republicanos, el gobernador de Ohio, John Kasich, y el senador por Florida Marco Rubio, también han aportado ideas constructivas para las reformas.
En cambio, la exsecretaria de Estado y candidata demócrata Hillary Clinton y uno de los principales aspirantes republicanos, Donald Trump, se han opuesto a la reforma de la seguridad social y de Medicare. El senador Bernie Sanders, rival demócrata de Clinton, propone, en realidad, el aumento de los pasivos no financiados de los programas.
Como hay tan pocos candidatos presidenciales que reconozcan la vinculación entre la reforma de la seguridad social y Medicare y la garantía de una prosperidad compartida en general, los EE. UU. afrontan graves riesgos. El programa redistributivo progresista podría seguir avanzando o el programa conservador de reforma de las prestaciones podría fracasar. En cualquiera de los dos casos, los EE. UU. afrontarían aumentos de impuestos que limitarían el crecimiento y las contribuciones que la inversión pública puede hacer al futuro del país.
Hay una vía fiscal para aumentar la prosperidad de los americanos de ingresos medios. Requiere apoyo al crecimiento, recompensas por el trabajo, inversión en oportunidades e inevitablemente reformas de la seguridad social y Medicare. Es de esperar que, al avanzar la campaña, ganen impulso los debates sobre una política fiscal sincera y con visión de futuro, en los que se reconozca esa verdad fundamental.
Glenn Hubbard, decano de la Escuela de Administración de Empresas de la Universidad de Columbia, fue presidente del Consejo de Asesores Económicos del presidente George W. Bush. © Project Syndicate 1995–2015