Hace cuatro años y unos pocos días, este matutino tuvo la gentileza de publicar un artículo de mi autoría en el que me refería a lo que consideraba, quizás, el mayor reto que tendría que afrontar la entonces entrante Administración Chinchilla Miranda. Iniciaba ese artículo enumerando los grandes pendientes económicos y sociales –acumulados por mucho tiempo– que esa Administración debería tratar de resolver.
Sin embargo, sostenía más adelante que, para enfrentar tantos y tan importantes problemas, no basta con buenas intenciones, planes bien concebidos e ideas (dizque) innovadoras. Por supuesto que ese es el primer paso, pero también argumentaba que concebirlos es, sin duda, la parte fácil del asunto. La parte realmente difícil es poder implementar y ejecutar esos planes e iniciativas, y llevarlos a buen término ante la realidad costarricense de un aparato estatal anquilosado, en el que el esquema de incentivos para la enorme mayoría de los servidores públicos es bastante perverso. Me temo que eso no ha cambiado ni un ápice en cuatro años. De hecho, es, probablemente, incluso peor hoy que hace tan solo un cuatrienio.
Abrir los ojos. Escribo estas líneas para abrir los ojos sobre este punto a la entrante Administración Solís Rivera, y, así, ojalá aportar mi granito de arena. Ciertamente, el discurso de toma de posesión del señor presidente fue elocuente, por lo demás característico en él, mesurado, conciliador y hasta esperanzador en algún momento; sin embargo, no puedo dejar de mencionar –y más con el ánimo de sustentar mi línea de argumentación que otra cosa– que el discurso de toma de posesión de doña Laura Chinchilla, el 8 de mayo del 2010, era también coherente, prudente y hasta optimista –invito al lector a “googlearlo” en Internet–.
La diferencia más significativa entre ambos discursos es, quizás, la mención más puntual que el presidente Solís hace de algunos de los problemas más urgentes que el país enfrenta en este momento. La mención más pormenorizada –creo yo– es una libertad que el entrante presidente de la República puede tomarse, dado que no era miembro del gabinete de la Administración saliente.
Entre los problemas que el presidente entrante menciona destacan el déficit fiscal, que pone en riesgo la estabilidad del país, la necesidad de rescatar el sector agropecuario, que no ha sido apoyado como se debe durante las últimas décadas –según él–, la tendencia a una creciente desigualdad social que debe revertirse, la corrupción en el aparato estatal, que debe ser combatida sin desmayo, y la necesidad de mejorar la eficiencia del Estado en todas sus facetas.
Déficit fiscal. Concuerdo con la mayoría de los retos mencionados –quizás no con todos, sin embargo–. Especialmente urgentes, en mi opinión, son el déficit fiscal y la necesidad de mejorar la eficiencia estatal. En cuanto al primero, el presidente menciona en su discurso que espera, en un término máximo de dos años, haber podido lograr los acuerdos necesarios para solucionarlo. Creo que la urgencia es mucho mayor. Dos años es demasiado tiempo para llegar a acordar medidas que, de por sí, tardarán meses o años en implementarse y dar frutos. El tamaño del déficit y su tendencia demandan acciones más prontas y drásticas. Además, lograr acuerdos relativamente generales será, en el mejor de los casos, muy difícil. Esto es especialmente cierto en un país donde unas pocas decenas de personas, o alguna institución por ahí, se sienten con la capacidad y autoridad de descarrilar cualquier iniciativa gubernamental, si no les es enteramente conveniente. Ejemplos de ello en los últimos años abundan, muy lamentablemente.
Eficiencia del Estado. En cuanto a la eficiencia del Estado, las acciones ahí también son muy urgentes y necesariamente enérgicas. El costo que pagamos la inmensa mayoría de los costarricenses por ello es enorme. Me alegra mucho que, en su discurso de inauguración, el presidente Solís indicara que “… tan corrupto es quien roba descaradamente los recursos del Estado como cómplice suyo quien no los administra con dedicación, eficiencia y respeto…”. A la luz de eso, quisiera saber qué se hará con instituciones como Fanal, Recope, CNP, Racsa, el INVU, un par de bancos estatales –cuando menos– y una multitud de otras instituciones del Estado cuya razón de ser es muy cuestionable hoy en día, y que merecen, como mínimo, cirugía mayor. Mantener todas estas instituciones tal cual sería en mi opinión, y tomando prestadas las palabras del presidente, “complicidad”.
También es imperativo mejorar la gestión y la productividad en la CCSS, en el ICE, en el MOPT –y sus Consejos–, el INS, Japdeva y casi todos los ministerios del Gobierno Central –comenzaría yo por los más grandes e importantes–. Para ello, las dotes y capacidad de liderazgo, en todas sus dimensiones, de los ministros del Gobierno, presidentes de instituciones autónomas y demás funcionarios, más allá de sus atestados académicos y capacidad intelectual, serán absolutamente claves.
Ellos no deben olvidar que muchos de sus predecesores en Administraciones anteriores probablemente también tuvieron muy buenas intenciones, voluntad y capacidad. Pensar de otra forma sería menospreciarlos –“pegabanderas”, ¿acaso?–. A pesar de ello, la evidencia parece indicar que no fueron capaces de implementar los cambios que en algún momento imaginaron.
Sabias palabras. Se le atribuye a Albert Einstein haber dicho que no se pueden conseguir resultados distintos, si se hacen las cosas de la misma forma. El presidente Solís, su gabinete y demás funcionarios harían bien en tomar muy en cuenta esas sabias palabras para que tengamos la esperanza de que esta vez sí sea, efectivamente, diferente.