Algunos políticos añoran la Costa Rica de los años setenta, época del Estado empresario, de los monopolios públicos en las áreas de telecomunicaciones y seguros, de la banca estatal.
Afirman que en los últimos treinta años, tras el cambio de modelo iniciado en 1985 con el primer Programa de Ajuste Estructural, nuestro país ha sufrido un deterioro de sus parámetros sociales y que está peor que entonces.
Con un nostálgico, grandilocuente, constante y sistemático discurso, que por lo general utiliza un tono catastrófico y representaciones falsas de nuestra realidad, han construido toda una leyenda negra que ha logrado permear el ánimo de una buena parte de la población, la cual cree que en verdad el país está peor hoy que hace treinta años, lo que produce un injustificado e inconveniente pesimismo colectivo.
Marcar el rumbo. Si bien es cierto que el modelo de desarrollo implementado a partir de los años cincuenta nos había proporcionado progreso y bienestar, logrando un salto cualitativo en las condiciones sociales de los costarricenses, también lo es que a inicios de los ochenta el modelo de sustitución de importaciones –por factores como la pérdida de dinamismo de la producción y de las exportaciones, la altísima deuda externa (el endeudamiento per cápita llegó a ser el mayor del mundo) y las condiciones adversas de la economía internacional, así como por el consecuente deterioro de los indicadores económicos y sociales del país– evidenció su fragilidad y la necesidad de un cambio en nuestro estilo de desarrollo para evitar una recesión económica que afectara negativamente las condiciones de vida de nuestra población.
Recordemos que la crisis que enfrentó el país en los primeros años de la década de los ochenta, en la administración Carazo Odio, sumió en la pobreza a más del 50% de los costarricenses y la tasa de inflación llegó al 90% en 1982.
La puesta en práctica de un nuevo modelo, que en nuestro país fue ejecutado con medidas más equilibradas y graduales, mantuvo el rumbo de la política social anterior, que conjugaba el crecimiento de la economía con la justicia redistributiva, lo que nos permite exhibir en la actualidad indicadores sociales comparables con los de países desarrollados y nos ubican entre los mejores de América Latina.
Tal es el caso de nuestro sistema de salud, que junto con el de Chile ocupa el primer lugar en América Latina, región en la que nuestro parámetro de esperanza de vida al nacer, de 80 años, nos ubica en la cúspide y es solo inferior a Canadá en todo el continente.
En educación, el gasto público pasó del 3,9% del PIB en 1983, al 6,9% en el 2013, siendo uno de los países latinoamericanos que más recursos invierte por cada estudiante matriculado en su sistema educativo. Además, las estadísticas demuestran que la inversión social ha aumentado en forma sistemática en los últimos treinta años, después del bajonazo sufrido por la crisis de 1979-82.
Omisión intencional. La infundada opinión negativa sobre la gestión gubernamental de las últimas tres décadas, que proviene principalmente de las voces de la izquierda radical y de algunos oportunistas y demagogos de nuestra política doméstica, omite intencionalmente toda referencia a logros importantes de ese período, como son, a modo de ejemplo, la activa participación y el liderazgo de nuestro país en la pacificación de la región centroamericana, lo que evitó que los conflictos bélicos que desgarraban a países vecinos afectaran también al nuestro; la ejecución de programas de vivienda popular que nos permiten ser el país con menor déficit de vivienda en Latinoamérica; la creación de la Sala Constitucional para tutelar de mejor manera los derechos ciudadanos; la atracción de empresas de alta tecnología que generan empleos de calidad; la diversificación de nuestras exportaciones; la promulgación de la Ley de Protección al Trabajador y las ventajas que conlleva; los beneficios tangibles de la apertura en telecomunicaciones y seguros; los programas de atención de nuestros niños y ancianos.
Aunque se debe reconocer también que, a pesar de los esfuerzos, no hemos disminuido los niveles de pobreza desde hace veinte años, y que la creciente desigualdad es un aspecto que debe ser atendido con diligencia, así como que en el área de los derechos humanos tenemos una deuda pendiente con aquellos colectivos que todavía sufren discriminación, no es justo, por ello, negar los éxitos y pintar un cuadro de desolación y ruina.
Es evidente que el país ha adecuado sus instituciones y su economía conforme a las exigencias de un mundo globalizado, y que Costa Rica es mejor hoy que hace treinta años, que somos una nación de la que podemos sentirnos orgullosos.
Ese legítimo orgullo lo demostró el propio presidente de la República cuando, al escuchar las palabras del papa Francisco en la sede de la ONU y dejando de lado su negativo discurso de campaña, declaró que “un papa que habla sobre el desarme, que habla sobre la justicia social, que habla sobre la centralidad de la educación, es un papa que también está pensando en el modelo costarricense”.
El autor fue embajador ante la Santa Sede.