Una preocupación despierta y acompaña durante todo el día a doña Mayra Ramírez, microempresaria dueña del Súper Doña María, en San Pablo de Heredia, pues desde agosto pasado y tras la aprobación de la ley de comercialización de bebidas con contenido alcohólico, el pago de su licencia se duplicó a una cifra desproporcionada.
Esta comerciante detallista pasó a deber ¢360.000 por trimestre, un monto totalmente excesivo e imposible de pagar para esta jefa de hogar, quien lleva el sustento a su casa por medio de su negocio.
Al igual que ella, miles de propietarios de licencias se encuentran ante una situación insostenible a raíz de la Ley N.° 9047, la cual nace con la intención de actualizar los montos trimestrales que los municipios cobran a los patentados por comercializar este tipo de bebidas.
Aunque el objetivo de la modificación y actualización de la ley es aceptable, hoy ha puesto en jaque la continuidad de los negocios de uno de los sectores sociales más vulnerables del país: los micro y pequeños empresarios.
La Ley N.° 9047 establece cinco categorías para que se pueda hacer el cobro a los patentados, pero partiendo de “salarios base”, contrario a lo que establecen otras patentes comerciales, que basan los cobros en ingresos brutos.
De esta forma, los cobros actuales se convierten en desproporcionados e irracionales.
Muchos micro y pequeños empresarios iniciaron la venta de bebidas con contenido alcohólico con la esperanza de ver en la variedad de productos la forma de permanecer en un mercado cada vez más exigente y competitivo, sin que necesariamente la comercialización de estas bebidas sea el ingreso principal de su negocio.
No podemos hacernos ciegos y sordos ante una triste realidad, porque más allá de un problema económico; esta ley representa un problema social para el país, al desencadenar cierres de negocios, desempleo y mayor pobreza.
En nuestro país existen miles de patentados (pulperías, minisúper, súper o abastecedores) que, a través de los años, han encontrado en su negocio la forma de dar sustento a sus familias y se han convertido en una fuente generadora de empleo de su comunidad, principalmente en zonas rurales.
Día a día, nuestros agremiados nos manifiestan su preocupación sobre cuál será su futuro pues, de no generarse un cambio en la legislación, el cierre de sus negocios parece ser el siguiente paso.
Hoy, con gran desasosiego, sentimos el dolor y desconcierto del pulpero de años, que difícilmente encontrará empleo si su negocio cierra, o del dueño del minisúper que les brinda empleo a uno o varios de sus vecinos.
No estamos en contra de que se regule de una mejor forma el cobro de las licencias de licores, pero abogamos porque estos montos sean razonables, justos y proporcionales a las ventas.