El Incopesca fue creado en 1994 para fomentar el aprovechamiento sostenible de los recursos biológicos del mar y la acuicultura. Sin embargo, su fundación fue seguida, pocos años después, por un patrón decreciente en los desembarcos pesqueros, que se sostiene 30 años después y que es advertido repetidamente por la Contraloría General de la República, la Academia y varias ONG.
En los últimos años, ha representado menos del 0,2 % del PIB y durante la última década redujo en cerca de un 14 % su contribución al PIB, mientras los otros sectores de la economía crecieron el 29 %, aproximadamente.
De esta contribución, la pesca de captura representa poco más de un tercio del valor del total (un 34 %), pero esa captura también ha disminuido notoriamente.
Entre el 2000 y el 2015, la pesca de captura disminuyó un 45 %, valores que deben ser leídos con un grano de sal, pues las estadísticas pesqueras son parciales y deficientes.
Es de todos conocido que un gran porcentaje de los desembarcos pesqueros no se declaran y que las tasas de descarte (pescado lanzado de vuelta al mar) han sido, a lo largo de las décadas, muy altas (cerca del 38 %).
La mayoría de la pesca de captura es generada por la flota industrial que se enfoca en la extracción de atún, dorado, tiburón y picudos; sin embargo, una gran cantidad de pescadores artesanales (entre 14.000 y 6.000 familias, según la fuente) subsisten en esta actividad sin que se crearan otras alternativas productivas.
El innegable valor social de la actividad y los miles de costarricenses involucrados son una herramienta política que se usa constantemente, no necesariamente para el beneficio de los pescadores artesanales.
Escaso conocimiento
La ausencia de criterio científico en la mayoría de las decisiones del Instituto es notable. El escaso conocimiento sobre el estado de las poblaciones pesqueras y de los pescadores mismos hace imposible un manejo sostenible del recurso, a pesar del hueco discurso institucional.
No se conoce el estado de ninguna de las poblaciones que se pescan a lo largo de nuestras costas, aunque sí se sospecha que una gran cantidad está sobreexplotada.
No se conoce siquiera cuántas personas se dedican regularmente a esta actividad. Aunque el Instituto posee una comisión de coordinación científico-técnica (CCCT), decisiones fundamentales son tomadas por la Junta, sin consultar el criterio de la CCCT; ejemplos recientes son la promulgación fallida de la lista de especies de interés pesquero, la disposición para usar carnada viva o el inicio de los llamados “estudios” para determinar la factibilidad de la pesca de arrastre de camarones.
Con respecto a la acuicultura, la situación es también desalentadora. Después de un crecimiento notable gracias a la iniciativa de la empresa privada, en la última década la actividad bajó a niveles similares a los del año 2000.
El mismo Incopesca reconoce que los inversionistas en acuicultura se trasladan a países vecinos, debido a la carga administrativa que demanda el establecimiento de una empresa acuícola en el país. La tramitomanía hace que un proyecto de cultivo de camarones, por ejemplo, tarde hasta cuatro años en ser aprobado, después de pasar por múltiples instituciones.
Falta de interés
Para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Asamblea Legislativa promulgó en octubre del 2019 la Ley 9767, que modificó la composición de la Junta Directiva del Incopesca.
Con este cambio, se esperaba una mejor dirección del Incopesca. Para este, fin fueron incorporados los ministros o viceministros de Ambiente y Energía (Minae) y de Comercio Exterior (Comex) como miembros permanentes de la Junta. Estos nuevos ministros se unían a los ministros o viceministros de Agricultura y Ganadería (MAG), de Ciencia y Tecnología (Micitt) y de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
A raíz de este y otros cambios, el Comité de Pesca de la OCDE dio su aprobación, en diciembre del 2019, para la inclusión de Costa Rica en este órgano. Se esperaba así que la trillada práctica de los regulados que dictaban las regulaciones quedará atrás. Sin embargo, no se ha logrado.
Durante el 2023, la Junta Directiva del Incopesca sesionó 61 veces (aunque solo están disponibles 59 actas). Un análisis de la participación de los representantes ministeriales a estas reuniones denota que los regulados (pescadores, exportadores de pescado o pescadores deportivos) siguen dictando las regulaciones.
Los delegados ministeriales no asistieron ni a la cuarta parte de las reuniones de la Junta. Los representantes del MEIC y el Minae han asistido al 22 % de las reuniones; los del MAG, al 20 %; los del Micitt, al 19 %; y los del Comex, al 15 %. En la gran mayoría de las sesiones, la visión estatal sigue ausente y el velar por el buen manejo de un bien público (la pesca) queda mayoritariamente en manos de los pescadores.
Desperdicio de recursos
El asunto parece no estar ligado solo a la ausencia de recursos. Hace cuatro años, el Banco Mundial aprobó un préstamo de $75 millones para mejorar la administración pesquera. Recientemente, la Contraloría General de la República (CGR) advirtió de que el Incopesca es incapaz de manejar financieramente estos fondos.
El año pasado, el Incopesca no logró ejecutar los ¢3.900 millones que le aprobó usar la CGR y, por el contrario, se originaron cargos por intereses, comisiones, etc., por más de ¢600 millones.
El país necesita una agencia pesquera sólida en su actuar científico y técnico, libre de intereses sectoriales y manejando eficaz y eficientemente el bien público que el Estado le ha encargado. Miles de pescadores artesanales lo merecen. Décadas del actual esquema han probado ser un fracaso. Ya es hora de que nuestro país gestione un nuevo modelo de agencia pesquera.
jorge.jimenez@marviva.net
El autor es ecólogo marino.