Más allá del impacto que tuvo la actividad económica en la generación de empleo en las regiones Brunca y Chorotega, que elevó el ingreso de los sectores más pobres locales, el logro de la política social en la reducción de la pobreza es relevante y amerita un análisis y aprendizaje.
Gracias a la focalización institucional sobre cantones y distritos prioritarios se obtuvieron resultados positivos. Se trata de un esfuerzo que debe ser destacado por el talento en su diseño y el esfuerzo por concentrar los recursos del sector social.
No ha sido nada simple llevar a cabo esta tarea en la maraña institucional. Especialmente, teniendo en cuenta el centralismo institucional nucleado en la capital y la carencia de instancias regionales con poder en un sistema lleno de prácticas e inercias paralizantes y desestimulantes del trabajo.
Vale la pena destacar dentro de este esfuerzo por integrar la acción institucional elementos, según mi criterio, claves: a) El diseño de la estrategia institucional formal en el llamado Puente al Desarrollo dirigido por la vicepresidenta Ana Helena Chacón. b) En la parte operativa, fundamental para obtener resultados, fue el papel de la primera dama y del proyecto Tejiendo Desarrollo, así como la organización, formación y preparación de los gestores sociales por parte de Carlos Alvarado, muchos de ellos jóvenes entusiasmados por presentar resultados con su trabajo.
El tutelaje permanente y la supervisión de la vicepresidenta fue muy importantes en el ámbito de coordinación entre jerarcas, pero esta parte formal ha demostrado ser insuficiente.
De hecho, hay muchos ejemplos que la articulación formal y la firma de convenios, e incluso de declaratorias de interés público, no pasa de ser un “saludo a la bandera” si no existe simultáneamente una supervisión y control en terreno.
Este papel lo ha desempeñado con suavidad, pero energía y determinación, la primera dama. Los directores regionales fueron compelidos a ejecutar las acciones que requerían las comunidades a través de los gestores por los vasos comunicantes con la Casa Presidencial.
Las propuestas de coordinación interinstitucional, que en otra coyuntura hubieran sido ignoradas si el jerarca local no las consideraba importantes, en este contexto se volvían imperativas.
Centralismo descentralizante. Funcionó el mecanismo para hacer operativa la coordinación en el ámbito que he llamado en otras publicaciones como “centralismo descentralizador”.
Esto es, en ausencia de mecanismos regionales con atribuciones ejecutivas, darles respaldo presidencial a las políticas o acuerdos territoriales o locales, de tal manera que los ministros y presidentes ejecutivos se preocupen por su cumplimiento para evitar posibles destituciones.
Pienso que el camino recorrido está lleno de enseñanzas para aprovechar mejor los recursos institucionales del sector social que no llegan en un porcentaje importante a los más pobres.
Un estudio realizado en años recientes demostró que un 25% del presupuesto de Fodesaf, aproximadamente ¢125.000 millones, se desvían hacía sectores no pobres; igualmente, muchos otros proyectos y programas duplicados y sin coordinación que existen en la Administración Pública no tienen ninguna evaluación de resultados.
Me preocupa, sin embargo, que todo esto dependa de la voluntad de una vicepresidenta y del esfuerzo, compromiso y talento de una primera dama, y no, como debe ser, de una estructura institucional sólida con auditoría ciudadana. De tal forma que, al cambiar las autoridades, todo el esfuerzo y dinamismo se puede perder.
Experiencias previas. Entre el 2003 y el 2005, desde el entonces Consejo de Desarrollo Regional de la Región Chorotega, desarrollamos, con la participación de la UNA, una experiencia en el distrito de Nosara, en Nicoya. Después de un proceso de capacitación, el IMAS hizo un censo del distrito donde se demostró que si se integraban los recursos del sector social, la pobreza extrema podría ser erradicada con los recursos asignados.
Sobre estos resultados se informó ampliamente en la prensa nacional, pero, lamentablemente, no existió entonces ni existe ahora formalmente una autoridad regional capaz de integrar los esfuerzos institucionales acorde con las necesidades de la población.
En ese entonces, ante nuestra insistencia, una directora regional se dejó decir que “ya no estaban trabajando con rendición de cuentas”.
Construir desde abajo. El país requiere aprender de esta experiencia e iniciar la construcción de una nueva estructura institucional.
Esta debe ser descentralizada, que incorpore a las comunidades organizadas en la toma de decisiones y acciones institucionales.
Una nueva estructura donde la política social sea, además de asistencial, una respuesta a las necesidades de las comunidades. Donde la ejecución de los programas sea un ejercicio organizacional que desarrolle el civismo y la capacidad de gestión de las comunidades.
Esto es que rompa con el clientelismo construyendo ciudadanía y respuestas efectivas a las comunidades.
El autor es sociólogo.