Las investigaciones sobre el caso Cochinilla ponen de relieve la vulnerabilidad de los sistemas de compras públicas a actos de corrupción y lo que puede salir mal cuando los procesos de adquisiciones no son transparentes y carecen de mecanismos de control eficaces.
Cuando hay opacidad respecto a cómo se gasta el dinero público, los ciudadanos terminan recibiendo productos de baja calidad, infraestructura pública a precios más altos, potencialmente de inferior calidad, y retrasos.
A escala global, las contrataciones abiertas han demostrado ser una solución para mejorar la provisión de bienes y servicios, aumentar la transparencia, recuperar la confianza de la ciudadanía y generar mecanismos de monitoreo en lo interno de las instituciones y por medio de la sociedad civil.
Este enfoque, respaldado por organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Mundial, procura transformar los sistemas de compras públicas para que sean abiertos, justos y eficientes, mediante un enfoque de gobierno y datos abiertos para originar reformas de impacto.
Publicación en lenguaje sencillo
Un primer paso para la ejecución de estrategias de contratación abierta en Costa Rica es publicar de manera oportuna la información en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) en formato abierto, de modo que acceder a los detalles de los contratos sea más amigable para la ciudadanía y las entidades.
Lo anterior significa publicar las diferentes etapas del proceso —planificación, licitación, adjudicación, contrato y ejecución—, como recomienda el estándar de datos para las contrataciones abiertas (OCDS, por sus siglas en inglés).
El estándar es utilizado en, cuando menos, 30 países y, en Costa Rica, el Poder Judicial ya empezó a publicar los datos de sus compras usando este formato, lo que muestra la factibilidad de una iniciativa de este tipo en el contexto nacional.
En la actualidad, la opacidad en materia de compras públicas impide al gobierno y a la sociedad civil ejercer un control real sobre el gasto público. Contar con datos abiertos y estructurados a lo largo del proceso de compra no solo aumenta la capacidad de vigilancia ciudadana y escrutinio público, sino que también fortalece las capacidades de comprobación de las agencias de compra a través de los datos para emitir alertas tempranas sobre el inicio de una compra y disminuir, así, los riesgos de corrupción.
Las obras públicas son, en este sentido, las más difíciles y desafiantes para todo gobierno debido a su complejidad y aspectos técnicos. Costa Rica requiere un enfoque que facilite a los ciudadanos comprender la planeación y el alcance de los proyectos, quiénes son los contratistas y cómo se asegurará el mantenimiento a través del ciclo de vida del proyecto. No es necesario esperar que ocurra un escándalo para entender cómo se está ejecutando el gasto público.
Modelo probado
La experiencia en la región presenta resultados claros. En Colombia, la apertura de datos, sumada a la introducción de una estandarización de los requisitos y documentos para las licitaciones, redujo la proporción de licitaciones de oferta única para obras viales del 17 al 12 % en el 2019. En Buenos Aires, abrir los datos de obras públicas aumentó la eficiencia interna y la integridad pública.
Durante la pandemia, países que estaban más avanzados en contrataciones abiertas, como Paraguay y Ecuador, fueron capaces de reaccionar rápidamente, detectaron irregularidades y mejoraron el mecanismo.
La apertura de las contrataciones no solo produce más transparencia. La evidencia muestra cómo las contrataciones abiertas ayudan a crear oportunidades de mercado para nuevos actores, aumentar la eficiencia, reducir los costos e incentivar la innovación.
Al igual que la mayoría de los países, Costa Rica enfrenta un grave deterioro fiscal producto de la crisis de la covid-19. Para avanzar en inclusión, crecimiento y sostenibilidad, será necesario asegurar la eficacia del gasto público.
La coyuntura, aunada a la reciente aprobación de la ley de contratación pública, es una gran ventana de oportunidad para plantear mejoras tangibles a la forma como se gestionan las compras estatales en el país.
Cuando las contrataciones públicas se llevan a cabo siguiendo principios de apertura, integridad, trabajo multiactor e innovación, se convierten en una poderosa herramienta gubernamental para mejorar la calidad vida de los ciudadanos y promover la reactivación económica y la inclusión de nuevos sectores.
Camila Salazar Mayorga es analista principal de datos de Open Contracting Partnership.
Óscar Hernández Guarín es gerente para América Latina de Open Contracting Partnership.