Frente a la tentación de abogar por acciones dirigidas a crear nuevas entidades públicas para promover determinados objetivos de la política pública, o para cubrir áreas desatendidas por el Estado, es necesario hacer un alto en el camino y fortalecer el análisis de los criterios que realmente hacen indispensable ampliar el aparato público.
Lógicamente, el tema adquiere mayor relevancia cuando se piensa en la estrechez fiscal que presenta el Gobierno Central y las implicaciones que ello traería sobre el erario público.
Por supuesto, ese es un elemento de gran importancia a la hora de pensar en la gestación de una entidad estatal, pero no debe ser el único.
Es conveniente poner en práctica un test que, sin prescindir de las implicaciones presupuestarias que tiene el nacimiento de una institución, agregue otros aspectos al análisis.
El aumento en el tamaño del Estado, en términos institucionales, es una de las respuestas posibles para atender las demandas de sectores particulares, sin que suponga alguna connotación negativa pues, a fin de cuentas, cada institución pretende responder a las necesidades de un sector específico, o a un área de actividad estatal inexplorada que muestra debilidades. El tema, más bien, debería ser enfocado desde el punto de vista de si esa es la mejor opción para satisfacer el fin público perseguido o si es posible hacerlo por otras vías, más eficientes y menos onerosas.
De ahí resulta que un primer aspecto por evaluar antes de optar por la creación de una entidad pública, pase por el establecimiento de su estricta e imprescindible necesidad. En otras palabras, es preciso asegurarse de que no existe otra alternativa para atender o dar solución a un problema particular. Ligado a esto, conviene, también, incorporar en un test las opciones que plantea la estructura institucional actual para responder a esa problemática.
Evaluación puntual. De lo que se trata es de evaluar la eficiencia de las instituciones públicas vigentes, sus resultados, y qué impacto tienen sus acciones u omisiones sobre los grupos a los que debe atender. Hemos continuado en el proceso de generar entidades, sin reparar en una evaluación profunda de las condiciones en las que operan las actuales y su contribución con los objetivos que les dieron origen. Algunas de ellas, periódicamente, son objeto de señalamiento público por las crisis que enfrentan, sus continuas reestructuraciones organizativas, sus calamidades financieras y, más recientemente, la incapacidad para realizar obras de infraestructura con agilidad y en forma oportuna.
Deben agregarse al test las facultades jurídicas de las que se dotará al nuevo ente. El archipiélago de instituciones que conforman nuestra administración pública, muchas de ellas creadas con el objetivo de dotar de mayor flexibilidad al Estado en el cumplimiento de sus funciones, presentan las más diversas naturalezas jurídicas.
Ahora, esa huida a formas jurídicas variopintas ¿ha contribuido a mejorar la gestión estatal? No parece que así sea.
En todos los casos, el sentimiento de impotencia que embarga a las autoridades por el entramado legal y burocrático existente, sumado a que se ha vuelto más compleja la conducción del Estado, acentúa los problemas de coordinación institucional, por citar solo algunas dificultades.
Como si todo lo anterior fuera poco, el problema fiscal se une al elenco de condiciones indispensables por valorar antes de pensar en nuevas entidades.
Para ello, es necesario tener como premisa fundamental, la imposibilidad de dar cabida a estructuras institucionales, si no se tiene absoluta certeza de su fuente de financiamiento, aunque esa no debe ser la única regla que esté tras la decisión.
Aprovechando la coyuntura electoral, el aumento en el tamaño del Estado debería ser objeto de discusión de los candidatos presidenciales, especialmente si en sus propuestas se encuentra la promoción de nuevos entes.