Desde hace varios años he publicado, en esta misma página, varios artículos sobre uno de los peores males que afecta, en forma grave, la economía y la paz social del país: las pensiones de privilegio.
En uno de esos artículos conté una experiencia que tuve en mi niñez, cuando pasaba las vacaciones del verano en una finca que tenía mi padre en Rancho Redondo. Ahí me hice amigo de un muchacho como de mi misma edad llamado Octavio que, al terminar su trabajo en la lechería, me acompañaba en mis correrías por los verdes campos hasta que la noche y el frío nos obligaban a regresar a nuestras casas.
Un día le pedí que me acompañara a buscar moras silvestres y me contestó que no podía porque tenía que trabajar. “No soy, como vos, un peón de lujo, hijo del patrón, que trabaja cuando quiere. Soy un peón de segunda o tercera categoría”.
División odiosa. Uno de los problemas más graves de las pensiones de lujo es que dividen la población del país en dos clases: los de primera, los privilegiados, los que disfrutan de sueldos y pensiones muy altas, que pagamos todos los costarricenses, y el resto de la población que recibe, como pensión, sumas mucho más pequeñas, algunas casi miserables, sobre todo si se comparan con las que reciben los privilegiados.
Este grave problema se agudiza, aún más, con los pluses que se han puesto de moda y se aplican casi indiscriminadamente, a veces por los motivos más baladíes.
El incentivo de la población nació en 1975 y desde entonces no ha dejado de crecer y ya incluye 30 modificaciones con beneficios adicionales.
Este privilegio lo creó por ley Daniel Oduber y ya le cuesta al Estado ¢68.000 millones. Un problema adicional es que cuando se crea un privilegio, que puede ser legal ya que nace de una ley, generalmente nunca se reduce, sino que más bien, como si fuera un ogro de los cuentos infantiles, cada vez necesita más alimento, más dinero, para permanecer tranquilo y evitar de esa manera que se coma también a los otros habitantes.
Disparidad. El gobierno acaba de anunciar que el aumento del salario mínimo para el 2017 será de 1,14%. El de este año se fijó en junio y fue de 0,50%. Mientras tanto, los pensionados del régimen legislativo han tenido aumentos del 30% anual. Por fortuna, este absurdo privilegio no se va a aplicar más.
Hubo también un problema con los magistrados quienes, al principio, se negaban a reducir sus privilegios y, en general, no estaban de acuerdo con el recorte de las pensiones de lujo pero, al final, primó la sensatez y acordaron dejar esta decisión en manos de los diputados, quienes posiblemente sí reduzcan estos montos a niveles más razonables.
El magistrado Fernando Cruz se quejó de algunos ataques recibidos: “Parece que la jubilación se convierte en un tipo de especial de peculado, casi un delincuente”.
Naturalmente eso no es así, ya que ningún jubilado, aun los más privilegiados, han cometido ninguna falta y todo se hace en forma legal. Pero, aunque todo sea legal y correcto, ¿no debiera alguien que va a recibir una pensión de ¢10 millones o ¢15 millones mensuales pensar que por lo menos una parte de esa altísima suma corresponde a los que reciben pensiones de hambre? Eso se llama solidaridad y es un sentimiento que debe cultivarse.
El autor es periodista.