Comprendo la necesidad de trasladarse al trabajo y los sitios de estudio, visitar familiares o realizar trámites de forma ágil y económica, pero ir de un lugar a otro debería hacerse también de manera segura.
El problema del transporte público ha sido muy estudiado, por ejemplo, en el diagnóstico hecho por la Agencia Alemana de Cooperación en el 2018.
El sistema de buses y tren urbano no cumple las necesidades de la mayoría de los usuarios. En la Gran Área Metropolitana (GAM) es inconexo, lento, contaminante y los buses son de mala calidad.
En las zonas rurales es caro, si acaso existe. Es un problema recurrente cada cuatro años en la campaña política y los candidatos prometen remediarlo.
Pero una vez en el poder, aseguran que van a cerrar “las hermanitas perversas del MOPT” (Luis Guillermo Solís), “transformar el transporte público con un tren rápido de pasajeros” (Carlos Alvarado), “modernizar el MOPT refundiendo los entes descentralizados” (Rodrigo Chaves).
Los gremios del transporte público siempre tienen la última palabra, como por ejemplo la injustificable ausencia del cobro electrónico y la parsimonia de la Aresep, no obstante tratarse de una tecnología en funcionamiento en otros países por lo menos desde hace 25 años.
La necesidad de transportarse rápida y económicamente ha promovido el incremento exponencial del uso de motocicletas (227.000 del 2017 al 2023). Cada vez más gente de toda clase de ocupaciones viaja en motocicleta por nuestras estrechas y peligrosas calles.
La imagen de decenas de motos detenidas delante de una fila de automóviles y que salen como bandada de golondrinas al cambiar el semáforo a verde ya no sorprende.
No es difícil deducir por qué del total de accidentes en las carreteras en el 2023, en el 75 % de los casos hubo una motocicleta involucrada, y la mayoría de los conductores y acompañantes sufrieron lesiones.
El costo para la seguridad social es muy alto y debe tomarse en cuenta que las carreteras no son seguras para circular en automóvil y menos en motocicletas o bicicletas.
Sumemos a lo anterior la pobre educación vial en general. Los motociclistas son saltimbanquis, expertos en malabares para violar las reglas básicas de la conducción.
Sin embargo, en los últimos años, ha habido también un incremento en el número de bicimotos con motor de combustión interna, sin luces ni protección para el conductor y, posiblemente, sin seguro contra accidentes.
La plataforma Uber Moto, por tanto, va en contra del sentido común y las evidencias. Es posible que esta modalidad de transporte sea defendida por expertos en leyes, pero no debería seguir promoviéndose el caos vial.
Ojalá las autoridades encuentren la forma de impedirlo. Es hora de tomar acciones para la mejora del transporte público mediante la sectorización y los buses eléctricos, con el corredor ferroviario como columna vertebral, más atractivo y útil para los usuarios.
Los ejecutivos de Uber deben preguntarse qué responsabilidad van a asumir por las eventuales lesiones o muertes de sus socios colaboradores y pasajeros.
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El autor es ingeniero electricista.