Los funcionarios públicos tienen derecho a contar con instalaciones laborales sobrias, dignas y acordes con sus responsabilidades. Creo que es obligación de los jerarcas velar porque así sea. Por ello, cuando fui nombrado regulador general por el gobierno de don Óscar Arias, llevé a cabo las acciones necesarias para darle instalaciones adecuadas a la institución.
La necesidad era evidente desde el inicio. Muchos funcionarios se encontraban hacinados en las instalaciones y se preveían cambios importantes que requerían más espacio.
Recuerdo el hacinamiento de los funcionarios de la Asesoría Jurídica, la Auditoría Interna y la Dirección de Energía.
La necesidad hacia el futuro era mayor, dado que se estaba creando la Sutel y teníamos la intención de seguir adelante con la creación de las otras superintendencias (Agua, Electricidad, Transporte). Muchos de esas transformaciones ya se materializaron hoy (con las diferencias propias del cambio de autoridades), y no habrían sido posibles en el edificio anterior.
La contratación se hizo cumpliendo al pie de la letra con la normativa vigente y velando por los mejores intereses de la Administración Pública. El tema ha sido analizado en diversas oportunidades por la Contraloría General y la Auditoría Interna, y no encontraron fallas sustantivas en el proceso. Más bien, algunos funcionarios de la Contraloría señalaron al equipo de Aresep que ese expediente era un modelo en su género. En este contexto, celebro que el Ministerio Público analice el tema. Su participación me parece muy sana para dar finalmente por concluido el tema.
El proceso tomó poco más de dos años, no diecinueve días como ha dicho La Nación en varias oportunidades. Es un tiempo razonable para una contratación pública, y solo fue posible gracias al esfuerzo y compromiso de funcionarios y asesores. Participaron especialistas del más alto nivel para hacer los estudios de base, la determinación de si era necesario buscar nuevas instalaciones, el censo de los edificios disponibles en el área metropolitana, la valoración y decisión sobre los mecanismos de contratación que debían usarse en este caso, las consultas a la Contraloría sobre el mecanismo por emplear, y la preparación de los documentos de las distintas fases.
El proveedor y el asesor jurídico institucional desempeñaron un papel central en todas las etapas, y en la fase final participó una comisión interna de Aresep, que invitó públicamente a quienes quisieran ofertar y seleccionó el edificio.
Contamos con el apoyo de uno de los mejores expertos en contratación administrativa de nuestro país. En todos los casos se actuó conforme a lo recomendado por él en conjunto con el proveedor, el asesor legal y el gerente. Afortunadamente, cuando se seleccionó el edificio por contratar, la empresa propietaria consiguió otro de los mejores expertos en contratación administrativa para que la representara. Así, de ambos lados teníamos asesores con gran nivel técnico y altos estándares éticos.
La Junta Directiva no participó en estas decisiones porque en el criterio de nuestros asesores, se trataba de un asunto administrativo que no era de su competencia. La única excepción fue la aprobación del presupuesto para el pago de los alquileres, pues es una facultad de la Junta. En su oportunidad, el Dr. Cornick indicó que no consideraba apropiado intervenir en la selección, pues uno de los edificios posibles era propiedad de una empresa en la que él tenía inversiones por medio de la bolsa. Creo que incluso antes de tomarse alguna decisión, el señor Cornick había dejado la Junta Directiva por asuntos laborales.
Así que la decisión final la tomé yo, como me correspondía, con fundamento en el informe elaborado bajo la dirección de la Gerencia. Acogí las recomendaciones en todos los extremos y así es como hoy los funcionarios y funcionarias de Aresep y Sutel tienen instalaciones dignas, sin excesos, apropiadas para sus responsabilidades. Creo haber contribuido con seriedad, compromiso y honestidad a este logro.
Queda la pregunta de por qué tanto ruido si todo está en orden. Esa pregunta requiere analizar quiénes están detrás de las denuncias falsas presentadas ante ustedes y los órganos de control. La respuesta tiene que ver con grupos de interés que pretenden que quien ocupa cargos públicos deben ceder ante sus intereses particulares, tanto en el manejo de los servicios públicos como en el del cobro de los impuestos. Pero ese es un tema que no corresponde tratar en esta oportunidad. Ya habrá tiempo para ello.