La lengua de señas costarricense (lesco) es la lengua natural de la comunidad sorda de nuestro país, constituida como vehículo para obtener y transmitir información y para la comunicación. Desde el 2020, celebramos su día el 19 de julio.
Es un sistema gramatical compuesto por expresiones faciales, manuales y gestuales con contenido lingüístico, con significado propio, y es comprendido por los usuarios de la lesco dentro de la comunidad sorda, incluida la gente oyente que tiene relaciones sociales con ella por diversos motivos, como cercanía personal y nexos laborales, estudiantiles y familiares, o por interés particular.
La lesco se caracteriza por la emisión del mensaje mediante la seña, a diferencia de la lengua oral, como el español, que utiliza sonidos articulados.
Puede presentar una diversidad lingüística, que sería marcada por la comunidad de personas sordas de cada provincia, pero básicamente forman parte del mismo sistema lingüístico.
La lesco es una maravillosa aportación hecha con mucho orgullo por la comunidad sorda a Costa Rica. Incluso, en forma general, tiene el reconocimiento internacional de las Naciones Unidas, que declaró el 23 de setiembre Día Internacional de las Lenguas de Señas, cuyo fin es concientizar sobre su importancia para la plena realización de los derechos humanos de las personas sordas.
La lesco constituye esencialmente un tesoro para la sociedad costarricense, ya que, a pesar de su larga existencia —fue desarrollada a mediados del siglo pasado— es invisibilizada. Por ello, ha hecho un enorme recorrido en una lucha por su reconocimiento legal.
La Ley 8661 (Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad) y la 9822 (Reconocimiento y Promoción de la Lengua de Señas Costarricense) fueron grandes pasos para darle su lugar en la sociedad. La legislación se enfoca en medidas de promoción y protección estatales, y su conexión con los derechos de la comunidad sorda.
Es indispensable destacar la importancia del derecho humano a la información y la comunicación en un sistema democrático que, por dignidad, no puede darse el lujo de que a una cantidad considerable de personas sordas —alrededor de 70.000, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)— se les impongan barreras comunicativas en distintos ámbitos, como la atención de la salud, la educación, la recreación, la cultura, el deporte y el trabajo, entre otros.
Sería una ciudadanía debilitada y, por tanto, necesitamos el apoyo del Estado y la sociedad para ser ciudadanos en condición de igualdad con los demás.
Como reflexión final, propongo una reforma para incorporar la lengua de señas costarricense a la Constitución Política, en consonancia con el reconocimiento de los derechos humanos de las personas sordas y no de una consideración rehabilitadora de la discapacidad. Finlandia, Ecuador, Portugal, Chequia, Venezuela y otros ya lo hicieron.
El artículo 76 de la Constitución Política podría ampliarse con la inclusión de la lengua de señas costarricense junto con las indígenas, como parte del deber del Estado de velar por su mantenimiento y cultivo, en pro de un Estado pluricultural y lingüístico respetuoso de los derechos de toda la ciudadanía.
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El autor es estudiante de Derecho.