El editorial de La Nación del día 17 de diciembre presenta una visión distorsionada de nuestra propuesta programática. Más que referirse a lo que dice nuestro plan de gobierno, afirma lo que parece que el editorialista quisiera que dijera. Lo cierto es que nuestras propuestas no le dan ese gusto.
Si fuera cierto que el actual modelo económico es el óptimo, ¿cómo explicar que todos los indicadores sociales se han estancado, si no, desmejorado en los últimos años? Esta realidad incontrastable se pretende resolver, paradójicamente, profundizando el modelo. Algo así como sangrar a un anémico.
Empieza el editorialista por criticar que se quiera modificar la Ley de Inquilinato. Esta no es una ocurrencia ni un regreso al pasado; responde a una apreciación justa. No es razonable que a quienes alquilan una vivienda se les aplique un control de precios del 15% de aumento anual en los alquileres, cuando la inflación se mantiene por debajo de esa cifra. ¿Cuál es el problema de buscar una regulación para que el aumento anual tenga correspondencia al menos con la inflación?
Además, lo que estamos proponiendo es que este tema, que es de justicia, sea debatido en la Asamblea Legislativa, y que se llegue a un acuerdo que sea justo y razonable para las partes.
Se critica el hecho de que buscamos regular el mercado de los medicamentos, para procurar la baja en sus precios. A esta misma conclusión arriba un estudio que hizo el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la UCR, el cual encontró que son las regulaciones añejas que rigen este mercado las que contribuyen al encarecimiento de los precios. ¿Acusarán de “izquierdista” a este instituto?
En nuestro país, según el Estado de La Nación, un 10% de los hogares reciben mensualmente un promedio de menos de ¢100.000 como ingreso familiar para poder solventar sus necesidades de alimentación, vestido y servicios básicos. Al mismo tiempo, gracias a las políticas económicas que defiende el editorialista, el resultado neto de los últimos años ha sido que hay 15 multimillonarios más en Costa Rica, y que la pobreza tiende a aumentar. Tomar medidas, siempre buscando bajar precios sin crear ficciones económicas, ¿es volver al pasado? No. Es hacerse cargo de un indeseable presente. La lucha por el abaratamiento de las subsistencias formó parte de los movimientos sociales que, en nuestra historia, permitieron que Costa Rica contara durante un tiempo con una mayor equidad en el reparto de la riqueza. Hoy, según la Cepal, somos el único país de América Latina en el que creció la desigualdad.
Se nos achaca querer revisar la legislación sobre cogeneración eléctrica. Pero lo que no se menciona es que la revisión no implica eliminar la producción privada. Efectivamente, queremos regular porque el recurso energético es estratégico para cualquier país.
Planteamos que, además del simple interés privado, debe garantizarse el acceso a instancias cooperativas y municipales, o sea, democratizar el acceso a instancias productivas. ¿Es un pecado, entonces, buscar una mayor y mejor distribución de la riqueza?
No se ha planteado, en ningún momento, que se vaya a revertir la apertura telefónica y en telecomunicaciones. Pero sí se ha planteado que debe ser el ICE, y no la elitista Sutel, el que asuma la universalización del acceso a Internet en las escuelas y colegios públicos y en las zonas más alejadas. ¿No recuerda el editorialista que fue este mismo periódico el que dio a conocer el incumplimiento de este compromiso y el que denunció los gastos onerosos de la Sutel en viajes, burocracia y su nuevo edificio?
¿Dónde está el problema de revisar las políticas públicas, si estas demuestran poca eficiencia? En cuanto a la discusión sobre los 200 días lectivos, padres y madres de familia, alumnado y docentes manifiestan que no ha demostrado eficacia ni aumento en la eficiencia. No se trata de hacer demagogia, sino de realizar el ejercicio de escuchar al entramado de actores del proceso, en busca de la mejor opción.
Es cierto que buscamos un mayor protagonismo de la autoridad pública para solucionar los entuertos que nos han heredado 30 años de los mismos de siempre, comprometida con cerrar las brechas sociales que a todos nos afectan. Por eso, el plan de gobierno del Frente Amplio responde al devenir histórico nacional, a una lectura actual desde el malestar, la esperanza y la responsabilidad. Nuestra propuesta es de ganar-ganar con y para Costa Rica. Lamentamos decepcionar al editorialista.
Sergio Reuben y Juan Reverter, coordinadores, Comisión de Plan de Gobierno, Frente Amplio.