El pasado primero de julio, en un alcance a La Gaceta Universitaria de la Universidad de Costa Rica (UCR), se publicó una resolución de mayo del 2011, firmada por el entonces vicerrector de investigación Henning Jensen. Por razones desconocidas, dicha resolución no fue publicada en su momento y lo ha sido ahora, cinco años después.
Tal resolución contiene una serie de inquietudes en relación con la divulgación de los resultados de la investigación que se realiza en la UCR; sin embargo, su disposición más importante es esta: “Salvo pacto en contrario, la Universidad de Costa Rica será la titular de los derechos patrimoniales y tendrá la autorización para divulgar las obras realizadas en el marco de relaciones laborales, de empleo público o servicios profesionales, financiadas o patrocinadas por esta”.
Tendencia. Lejos de ser un caso aislado, esa resolución es parte de una tendencia más amplia, cuyo fin es que la UCR afirme sus derechos de propiedad sobre el conocimiento que se produce en la institución. En el 2013, en una propuesta para reformar el Reglamento de Trabajos Finales de Graduación, se incluyó una disposición que procuraba que la UCR adquiriera derechos patrimoniales sobre los trabajos de graduación realizados por los estudiantes.
Más recientemente, el Consejo Universitario aprobó el Reglamento de la Investigación, en el que dispuso lo siguiente: “Los derechos morales sobre las obras corresponderán a sus autores o autoras, y a la Universidad los derechos patrimoniales de la producción de las obras literarias, artísticas o científicas creadas por su personal como consecuencia de sus funciones de investigación”.
También el Consejo acordó que “la Vicerrectoría de Investigación debe establecer las líneas de investigación institucionales que considere pertinentes, en conjunto con las unidades académicas y las unidades académicas de la investigación”.
Inquietudes. De esta manera, con base en la resolución y el reglamento ya referidos, la UCR pretende arrogarse no solo la propiedad de las publicaciones de sus académicos, sino también la potestad de divulgar esos materiales cómo y dónde mejor le parezca.
Por si esto fuera poco, la UCR parece aspirar también, en el mejor estilo de las culturas académicas autoritarias, a establecer líneas de investigación “oficiales”, en cuya definición la rectoría, por medio de la Vicerrectoría de Investigación, se asegura una influencia estratégica.
Tales iniciativas suponen una amenaza directa para la libertad académica, atentan contra la propiedad intelectual y, en vez de promover la identificación y el compromiso de la comunidad universitaria con la institución, tienen el efecto exactamente contrario.
Propiedad. La UCR no puede arrogarse el cien por ciento de los derechos patrimoniales sobre las obras producidas por sus académicos por la sencilla razón de que, incluso en los casos en que asume el pago del salario de los investigadores, no financia toda la investigación.
En efecto, a la mayoría de sus investigadores, la UCR les asigna apenas un cuarto de su jornada laboral para investigación, por lo que muchos dedican una parte considerable de su propio tiempo a investigar. Tampoco es inusual que los investigadores contraten asistentes y financien gastos del proceso de investigación con sus propios recursos (incluida la compra de libros, materiales y equipos).
De hecho, una vez que un académico termina una investigación, lo que presenta es un informe de resultados. Convertir ese informe en un artículo o un libro publicable, es algo que por lo general lo hace en su propio tiempo, sin ser financiado por la UCR.
Incluso en los casos en que un investigador es pagado por la UCR para preparar un manuscrito publicable, la UCR no paga necesariamente por todo el tiempo que el investigador dedica a redactar la obra.
Tampoco paga por el tiempo que el investigador debe dedicar después de finalizado el manuscrito a revisarlo y corregirlo antes de que sea aceptado para su publicación, ni por el tiempo que demanda colaborar con el proceso de producción editorial de la obra.
Saturno. Lo dispuesto sobre derechos patrimoniales evidencia no solo la falta de criterio de las altas autoridades universitarias y su desconocimiento de cómo realmente funciona la investigación en la UCR, sino su rechazo a reconocer todos los recursos que, silenciosa y cotidianamente, los investigadores aportan de su propio pecunio a la UCR y a la sociedad costarricense.
Desconocer los derechos patrimoniales de los investigadores sobre sus obras y “oficializar” líneas de investigación son iniciativas que castigan la productividad y la innovación: quien más produzca, más derechos patrimoniales perderá; y quien más se aparte de las líneas “oficiales” de investigación, menos posibilidades tendrá de recibir apoyo institucional para investigar. Con tales iniciativas, la UCR parece dispuesta a imitar a Saturno, no el planeta, por supuesto, sino aquel que devoraba a sus hijos.
El autor es historiador.