Según se cuenta, la tauromaquia –el arte de lidiar toros– se originó en la prehistoria. Las fiestas taurinas modernas surgen en España en el siglo XII.
Su práctica se extiende y enraiza en la cultura de muchos pueblos; no obstante, en las últimas décadas, han sido criticadas por crueldad animal al punto que la Plaza Monumental de Barcelona eliminó las actividades taurinas por prohibición del Parlamento de Cataluña (2010).
Las discusiones se producen en otros lares, y la tendencia parece ser la eliminación paulatina de las corridas de toros como espectáculo público.
Los “toros a la tica” tienen poco de crueldad animal y mucho de crueldad humana. El toro es lanzado a un redondel donde corre tras “toreros improvisados” en un espacio limitado. Como en el mejor circo romano, los asistentes piden sangre: si no hay heridos –o muertos– la corrida no está buena.
Como negocio, es rentable: la compañía que ganó la licitación de la Municipalidad de San José para administrar las corridas de fin de año en el redondel de Zapote pagó ¢2.150 millones por un quinquenio.
Los toreros no reciben salario e ingresan a la plaza en forma voluntaria y las pólizas de cobertura que reciben son muy bajas: entre ¢500.000 y ¢1 millón por accidentes, y en caso de muerte o incapacidad, el monto es siempre ¢1 millón.
En las últimas fiestas en Zapote, 44 toreros fueron atendidos en el Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia y 15 más en el San Vicente de Paúl, que participaban en corridas en Pedregal.
La cifra de ¢1 millón es un monto insuficiente para cubrir las intervenciones más delicadas, declaró a La Nación, la semana pasada, Wálter Vega, jefe del Servicio de Cirugía del Calderón Guardia.
Los toros son una actividad lucrativa privada, cuya seguridad y atención médica en caso de accidente debería correr por cuenta de entes privados contratados para ello; si es atendida por la CCSS, las pólizas deben cubrir los costos totales del accidente o funeral.
Como ente rector, el Ministerio de Salud debe calcular los montos exigibles para pólizas de atención de accidentes y muerte que cubran a los “toreros improvisados”, pagadas por los empresarios que lucran con la actividad.
De estar garantizado el pago de la atención de un trauma cráneo-encefálico y fracturas mandibulares así como de prótesis ortopédicas, cirugías, rehabilitación física y psicológica, muerte y cualquier lesión que pueda sufrir la persona por una embestida taurina, y este debe ser requisito ineludible para el trámite de permisos.
La autora es odontóloga.