El territorio indígena de Salitre ha sido el escenario de un problema que tiene décadas de estarse alimentando y que en las últimas semanas ha reproducido un episodio más. La violencia en Salitre y en los demás territorios indígenas de Buenos Aires es más que un conflicto étnico: es un drama humano al que el Estado costarricense le ha dado la espalda, y ha evitado analizar las consecuencias de reivindicar a las personas indígenas en el derecho sobre sus tierras ancestrales.
Marco jurídico. En 1977, el Congreso de la República aprueba la ley N.º 6.172, en la que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras y establece una norma de protección para ellas: serían absolutamente nulas las ventas de estas tierras a personas no indígenas. La Asamblea Legislativa intentó prever la posibilidad de que, con anterioridad a la promulgación de la ley, personas no indígenas hubiesen inscrito a su nombre propiedades dentro del territorio, o que las poseyesen de buena fe. Asimismo, para anticiparse a la indemnización que resultaba procedente en estos casos, estableció un fondo que nunca alimentó.
Así las cosas, los indígenas siguieron habitando las escasas tierras que ya poseían, y los no indígenas siguieron viviendo en esos territorios; sus hijos crecieron y formaron sus propias familias. Las ventas de tierra indígena se dieron a vista y paciencia de autoridades locales y nacionales; una vez más, la ley se quedó en la intención. Son muy pocos los antecedentes de iniciativas gubernamentales dirigidas a adquirir tierra para las personas indígenas, aunque las hay.
Pero el drama humano al que hemos hecho referencia no solo está en la realidad de las personas indígenas que siguen esperando una tierra que originariamente fue suya; también está la realidad de familias pobres de personas no indígenas que en esas tierras tienen toda la inversión de sus vidas. Obviamente, están presentes también aquellas personas inescrupulosas (indígenas y no indígenas) que se han aprovechado de la ignorancia y la necesidad humana para ampliar sus ganancias y sus bienes. Los indígenas pelean por lo que es suyo por derecho y por justicia, y los no indígenas se niegan a entregar sus vidas a cambio de nada. Los esfuerzos aislados y asistemáticos del Estado tienen a personas que vivieron en paz por muchos años, alimentando odios y desesperanzas.
La tarea no es sencilla; pero, si no se inicia, el problema, más temprano que tarde, terminará con situaciones que lamentaremos, sobre todo si tomamos en consideración que el marco legal que protege a las personas indígenas es nacional e internacional.
Interrogantes. Las preguntas iniciales a resolver para trazar una ruta que nos conduzca a soluciones sostenibles son las siguientes: ¿quién es indígena?, ¿pertenece a ese grupo étnico o a ese territorio?, ¿quiénes son los no indígenas?, ¿están inscritas a su nombre las tierras que ocupan, o son poseídas de buena fe? Si resolviéramos estas interrogantes, al menos sabríamos a quién consultar en un territorio indígena, además de establecer cuál es la realidad de ocupación de tierras de las personas indígenas y cuál es la situación a resolver con las personas que no lo son.
El Registro Civil había iniciado un trabajo en uno de los territorios; este pretendía establecer un registro de personas indígenas. De igual forma, el Gobierno anterior había iniciado el deslinde y amojonamiento del territorio indígena de Salitre. Ambas acciones iban encaminadas a resolver el asunto de origen; esperemos que las actuales autoridades encuentren la ruta para evitar nuevos hechos de violencia en los territorios indígenas.