Inversión del 2,1% del PIB, 151 líneas por cada 100 habitantes, 10.000 empleos directos, ingresos por más de ¢539 mil millones. Estas son solo algunas cifras alcanzadas en el año 2013 por el sector de las telecomunicaciones gracias al modelo de apertura elegido en las urnas el 7 de octubre de 2007, como parte del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos.
No se debe olvidar que fue el pueblo costarricense quien eligió, por mayoría, tener más opciones de servicios de telecomunicaciones.
Tampoco se deben olvidar los falsos profetas: aves de mal agüero que aseguraban que con la apertura el ICE iba a desaparecer. En realidad la entidad estatal aumentó, en solo tres años, en más de 1.208.000 el número de líneas telefónicas que comercializa. Ahora incluso planea invertir en Honduras.
Dijeron que las tarifas se iban a disparar. Hoy, solo para brindar un ejemplo, en materia de televisión por suscripción los precios siguen bajando y el costarricense tiene más acceso a ese servicio. Lo mismo sucede con el internet fijo: los precios han bajado y los anchos de banda se han incrementado.
Buena decisión. El proceso de apertura no ha sido fácil. La curva de aprendizaje ha sido difícil para la rectoría (antes en el Minae, hoy en el MICITT), para el regulador (la Sutel), para los operadores (empresas privadas y entidades estatales) y para el usuario final.
Sin embargo, el modelo adoptado por Costa Rica fue una buena decisión. Hoy ya no hacemos filas, tenemos más servicios, mejores ofertas y la calidad sigue mejorando.
Claro está que se requiere por parte del Estado costarricense una mejora en el impulso de la infraestructura para cerrar la brecha digital; esto solo se logrará dictando políticas públicas coherentes y apegadas a la modernidad.
El Gobierno de la República y en general el Estado costarricense deben ver al sector con otros ojos, enfocándose, por ejemplo, en la posibilidad de mejorar las cifras en materia de empleo.
Hoy solo el 0,5% de la población económicamente activa labora en telecomunicaciones, pero podríamos llegar a ser como Perú, donde se registró la oferta laboral más alta durante el primer semestre del 2014.
Con un impulso “de oficio” e inteligente a toda la industria, esas cifras se pueden elevar en beneficio de los objetivos de la administración Solís Rivera.
Requerimos, eso sí, seguridad jurídica, que no se amenace el modelo con proyectos de ley ni con más impuestos, que no se lesionen –a través de intereses poco transparentes– los fondos de servicio universal, que son para las personas más excluidas de nuestra sociedad.
Costa Rica hoy es muy distinta a la de hace seis años en materia de telecomunicaciones. Podemos llegar a estar mucho mejor, si el Estado hace su tarea de manera inteligente, clara y valiente.