Ante la afirmación lapidaria de la directora de La Nación , Yanancy Noguera, es poco el margen para señalar a quién corresponde la mayor carga de verdad: si a la Superintendencia de Pensiones (Supén), que, al valorar la sostenibilidad del régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), se apoya en un estudio de una firma mexicana, denominada Nathal, o a los actuarios institucionales, cuyo proceder fue validado por expertos del más alto nivel de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Noguera es una profesional seria, versada en asuntos financieros, y sabe que, en materia tan sensible, siempre es bueno someter a la “prueba de ácido” todo aquello que llega a manos de un comunicador. Posiblemente por eso fue que, en los recientes reportajes de la situación financiera de la CCSS, contrataron a un experto para verificar lo dicho por la entidad. Al final, se demuestra que la información suministrada es veraz y la situación de la Caja de hoy dista mucho de la que tenía hace apenas tres años.
Criterio experto. En aras de esclarecer lo que pueda estar aconteciendo con el mayor régimen de pensiones del país, y antes de llenar de incertidumbre a los lectores, respetuosamente le proponemos a La Nación que, si tiene dudas razonables de una de las partes, entonces contrate a un experto en sistemas de previsión de largo plazo, con experiencia en sistemas de seguridad social como el de IVM, en cuyas manos pondremos todos los documentos en poder de la institución, que nos llevan a afirmar que la situación del IVM no es como la ve la Supén y la consigna el medio.
Igualmente, que la Supén ponga a disposición los atestados de la firma que les hizo el estudio, el costo que sufragaron, y los resultados que obtuvieron a partir de las variables que incorporaron, y, luego del proceso, como corresponde en aras de la objetividad periodística, absuelvan o señalen, pero que no lo hagan solamente por el decir de una u otra parte.
La señora Noguera afirma sin ambages que “todos sabemos qué pasará con el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)”. Esa afirmación está totalmente sesgada. Toma como verdad absoluta los argumentos de la Supén y desvaloriza el criterio de los expertos de la CCSS y de la OIT.
Reforma del 2005. Nadie dentro de la CCSS ha señalado que la inacción es lo que debe primar en materia de pensiones. Precisamente, en el 2005 se implementó una de las más drásticas reformas al régimen: fue una acción concertada en la que participaron patronos, trabajadores y expertos, tanto de la institución como de prestigiosos organismos internacionales, todo bajo el ojo escrutador de la Supén.
No se puede hablar de inacción institucional, cuando existe toda una estructura que permanentemente realiza estudios para valorar el régimen, los cuales determinan que los plazos son consistentes en los diversos análisis, y a partir de ellos se han propuesto las medidas tendentes a prolongar la sostenibilidad del IVM.
Las principales medidas financieras de la reforma del 2005, tales como aumento de las contribuciones y cambio de la fórmula de cálculo, apenas comienzan a impactar positivamente al régimen.
El aumento en la contribución del 2010 se vio minado por la pérdida de empleo del sector privado, el cual no alcanza aún los niveles anteriores a la crisis financiera internacional, que tiene secuelas en el empleo y el crecimiento económico. Otras acciones, como el traslado de una parte de las ganancias de los entes públicos, tal como lo determinó la Ley de Protección al Trabajador, son de más reciente data, vendrán a fortalecer al IVM y se percibirán a partir del 2014.
Técnicamente, es inadecuado medir el IVM con los parámetros de la Supén, cuya experiencia es más en regímenes privados de pensiones, no de seguridad social con las características del IVM.
Absolver o condenar no pareciera ser el rol de los medios de comunicación. Su papel protagónico es mostrar equitativamente las dos caras de una moneda, y, con los elementos a la mano, que sean los lectores quienes dicten el veredicto.