En octubre de 1956, nació el niño millón y 61 años después somos casi 5 millones de costarricenses. El aumento de la población se debió a tres factores: natalidad, migración y mortalidad. Costa Rica disminuyó la mortalidad gracias a las políticas públicas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Salud durante décadas.
La natalidad se ha reducido por los programas de educación, los métodos anticonceptivos y los cambios sociales y culturales. Referente al flujo migratorio, el fenómeno ha estado concentrado principalmente en nicaragüenses que conviven legalmente en Costa Rica.
Hoy, más de 355.000 nicaragüenses se dedican a labores domésticas, trabajos agrícolas y construcción. Costa Rica es el país con la mayor migración de Latinoamérica, con un 9% de la población total. La mayoría de la migración nicaragüense posee menos de nueve años de educación y requiere importante inversión en educación, salud, vivienda y otros servicios sociales.
El 17% de los nacimientos en el país corresponden a hijos de madres nicaragüenses. La inmigración nicaragüense ha sido un fenómeno de larga trayectoria histórica. Costa Rica siempre ha hecho importantes esfuerzos por el respeto a los derechos laborales y humanos de los inmigrantes.
Los cambios demográficos en Costa Rica en las últimas décadas tendrán graves repercusiones a corto plazo. El bono demográfico generado por los altos crecimientos de la población en los años 50, 60 y 70, principalmente, vienen decayendo. Cada vez hay menos personas con edad para trabajar (entre 18 y 59 años), proporcionalmente.
Este envejecimiento significará cambios estructurales y tendrá un fuerte impacto en nuestro modelo de desarrollo. En 1973 la población mayor de 60 años era de 104.000 personas, para el 2025 será de 896.000.
El incremento del peso relativo de la población de la tercera edad se sentirá cada vez más. Estamos en la transición plena y esto significa mayores desafíos económicos, políticos, sociales y culturales.
Para el 2030, el 25% de la población tendrá más de 60 años, contra solo el 5,7 % de 1970. Este fenómeno de envejecimiento requerirá nuevas políticas públicas y previsiones de ahorro.
Hoy, la esperanza de vida en nuestro país es de 79 años, pero cada vez es más complicado para la población enfrentar su vejez en forma activa y sana, para lo cual necesitará una pensión, transferencias sociales y apoyo familiar.
El gasto en salud promedio de los adultos mayores es un 400% más alto que los menores de 64 años. ¿Estará la CCSS preparada para este fenómeno? ¿Qué pasará con el IVM?
Regímenes de pensiones. No podemos concebir sistemas de pensiones sin valorar nuestra realidad social, económica y demográfica. Los sistemas de pensiones deben ser revisados periódicamente en forma técnica para que sean sostenibles a largo plazo.
Los cambios en los regímenes previsionales no pueden permanecer estáticos. En Costa Rica tenemos un primer pilar que es el IVM de la CCSS, el régimen del Poder Judicial y el Magisterio. El segundo pilar es el régimen complementario obligatorio con contribución definida y beneficio indefinido. El tercer pilar son los regímenes complementarios voluntarios manejados en forma privada.
El primer pilar lo que ofrece es un nivel básico de protección, con un beneficio definido para la colectividad y en forma solidaria. El segundo y tercer nivel dependen de los aportes del trabajador y se rigen por la capacidad de capitalización individual.
El IVM empezó a operar en 1947 y actualmente cubre a más del 48% de la población económicamente activa total (PEA). Con preocupación, la relación entre cotizantes y pensionados viene disminuyendo: en los últimos 15 años pasó del 6,8 al 4,7 y para el 2040 será el 3,1. lo que significa que cada vez hay menos cotizantes para cada pensionado.
Sostenibilidad. El equilibrio financiero del IVM dependerá de la dinámica demográfica, los beneficios, los requisitos y la gestión financiera de los fondos.
Después del estudio actuarial de la Universidad de Costa Rica (UCR), está claro que la situación financiera del IVM no es sostenible, el tiempo apremia y no se vislumbra una decisión del gobierno a corto plazo.
En las últimas semanas, la aprobación de un 1% del aporte obrero tuvo que ser fraccionado en 0,5% al 1.° de julio del 2017 y 0,5% en enero del 2018.
El informe actuarial de la Universidad de Costa Rica sobre el fondo de pensiones exige medidas urgentes para poder honrar los gastos entre el 2022 y el 2028, o se tendrían que utilizar las reservas.
Lo preocupante es que con la reciente nombrada mesa de diálogo se tomarán medidas políticas y no técnicas. Todo parece que el actual gobierno con la destitución de la Dra. María del Rocío Sáenz lo que está haciendo es patear la bola al próximo gobierno.
Jubilaciones. No es prudente que el Congreso no actué ante un eminente descalabro financiero de las pensiones judiciales. No lograremos salir adelante con el actual festín en el manejo de los fondos públicos.
No es razonable que la comisión especial de regímenes de pensiones eche atrás y no apruebe reformas al régimen de jubilación del Poder Judicial.
No es viable que todos los costarricenses tengamos que pagar los insostenibles privilegios de unos pocos en el Poder Judicial.
La proyección de la UCR señala un déficit de ¢5,3 billones a corto plazo, que deberá enfrentar el sistema de pensiones del Poder Judicial y, al final, el Gobierno Central.
El nivel de reservas del fondo de pensiones del Poder Judicial es insuficiente y cada vez apremia más fijar nuevas medidas en topes, numero de cuotas, años para el retiro, establecer una contribución solidaria, condiciones jubilatorias idénticas para todo el colectivo y un análisis técnico dinámico para analizar los elementos claves de sostenibilidad. Es la responsabilidad de los diputados tomar una decisión en el camino correcto.
Privilegios. No podemos seguir otorgando pensiones elevadas a unos pocos. Las pensiones actuales a profesores universitarios, exdiputados y otros deben de corregirse antes de que las finanzas públicas nos lleven a un caos económico y social.
Todos los cambios deben hacerse en forma solidaria y hay que ir buscando cómo lograr un sistema único para todos los costarricenses. No cabe duda de que no todos los impactos deben recaer en los salarios y que hay que hacer ajustes administrativos y más previsión.
Es importante que todos los sistemas de pensiones sean supervisados por la Supén. El ajuste en los regímenes de pensiones por el problema demográfico debe llamarnos a actuar rápido, pero con bases técnicas.
El IVM y todos los fondos deben tener sostenibilidad a largo plazo. Si una persona ha cotizado toda su vida, el Estado debe garantizar su derecho de pensión y velar por la sostenibilidad es una obligación impostergable.
No podemos imaginar una Costa Rica donde se desampare una población creciente de adultos mayores. El envejecimiento de la población, la gestión de los recursos, la caída de la natalidad, el mercado informal, la poca previsión y los altos privilegios para unos pocos, son las grandes debilidades de nuestro sistema de pensiones.
Todos los regímenes deben de revisarse y tomar medidas valientes antes de que sea tarde. El IVM, cada vez más, está más afectado por el número de trabajadores por cada pensionado, los costos y un debilitamiento en las reservas.
En el 2016 se observó el nivel más bajo de cotizantes por pensionado de los últimos 35 años. Actuemos con rapidez y decisión antes de que sea demasiado tarde. Costa Rica merece una sociedad más justa y humana.
El autor es ingeniero.