ATENAS – Cuando se estableció la zona del euro, sus creadores previeron un progreso gradual hacia “un área monetaria óptima”, caracterizada por la integración fiscal, la libre circulación de los trabajadores y la unión política. Pero este proceso no ha tenido lugar y –como lo demuestra la interminable crisis griega– la zona del euro continúa plagada de debilidades estructurales y es extremadamente vulnerable a los shocks internos. Esto claramente no es sostenible.
A pesar de los esfuerzos por promover la coordinación de las políticas fiscales, los presupuestos de los miembros de la eurozona aún se encuentran en el ámbito de autoridades nacionales separadas y los europeos del norte continúan oponiéndose a las transferencias desde los países más prósperos hacia aquellos en peor situación, más allá de la limitada asignación de los fondos regionales de la Unión Europea. Además, la movilidad de los trabajadores se ve gravemente limitada por las barreras lingüísticas y culturales, además de por los cuellos de botella administrativos. Una unión política “cada vez más estrecha” dejó de atraer el apoyo del público –si es que alguna vez lo hizo– y no resulta entonces viable hoy día.
Una creciente cantidad de comentaristas –no solo en el mundo anglosajón–cuestionan la viabilidad de la unión monetaria. Algunos alientan la salida de Grecia de la zona del euro, convencidos de que una unión monetaria más restringida y homogénea sería más sólida y fácil de unir. Otros consideran que una salida de Grecia sería tan solo el principio del inevitable desmoronamiento de un esquema que no sirve al propósito para cual fue creado.
La zona del euro hasta ahora se las ha ingeniado para desacreditar a los agoreros. A fuerza de pura voluntad política se ha logrado un compromiso tras otro para sostener un proyecto histórico que no resulta, en su estado actual, sostenible.
La necesidad de mantener este compromiso con la unidad europea y superar las dificultades económicas que van apareciendo se ve reforzada por los nuevos desafíos geopolíticos. En especial, la ambición que se percibe por parte de Rusia para recuperar su influencia de la era soviética desafía el orden basado en normas establecidas después de la Segunda Guerra Mundial, y una ola de extremismo religioso y político amenaza los valores democráticos y liberales.
Pero las dificultades económicas están destinadas a continuar, alimentando las dudas sobre el futuro de la unión monetaria; dudas que podrían convertirse en profecías autocumplidas al socavar la capacidad del euro para funcionar adecuadamente. Las presiones económicas ya han exacerbado el sentimiento antieuropeo en España, Italia e incluso Francia; si se permite que continúe, ese sentimiento podría culminar en una secesión, con devastadoras consecuencias para la zona del euro y Europa en su conjunto.
El primer paso en un proceso tal probablemente sería la división de la zona del euro en subáreas conformadas por países con una capacidad de recuperación relativamente igual. A medida que se torne cada vez más difícil implementar políticas fiscales y monetarias coherentes, aumentaría el riesgo de la disolución completa de la eurozona. La salida de Grecia podría acortar los plazos considerablemente.
Si bien un escenario de ese tipo era inconcebible hace cinco años, cuando surgió la crisis griega, el término “Grexit” (una combinación de Grecia y “salida” en inglés) se incorporó al léxico europeo al poco tiempo, cuando la crisis aumentó su intensidad. Pero los líderes europeos parecieron darse cuenta de las implicaciones que tendría permitir que un país –incluso Grecia, pequeña y golpeada por la crisis– abandone la eurozona. Por eso este año hubo una serie de reuniones del Eurogrupo con el propósito confesado de evitar ese resultado.
El problema es que los europeos se han acostumbrado tanto a arreglárselas que las soluciones de largo plazo parecen imposibles. De hecho, en los últimos años, las autoridades de la zona del euro han introducido varias políticas para combatir las crisis financieras, incluidos los fondos de rescate con respaldo gubernamental, una unión bancaria parcial, controles fiscales más estrictos y la función del Banco Central Europeo como prestamista de última instancia. Pero la mayoría de esas políticas –con la posible excepción de la unión bancaria– buscan gestionar el riesgo de cesación de pagos, pero no procuran eliminar sus causas.
Es hora de recuperar la capacidad, exhibida por los fundadores de la UE, para mirar hacia adelante y luchar por el sueño de un futuro mejor. Específicamente, los líderes de la eurozona deben introducir un mecanismo para las transferencias fiscales de las economías más sólidas a las más débiles.
En una unión monetaria, las economías individuales no pueden alterar sus tipos de cambio para hacer frente a los cambios en sus competitividades relativas. La viscosidad de los precios resultante tiende a demorar la estabilización macroeconómica y el ajuste estructural, llevando a un aumento de la deuda y del desempleo en las economías más débiles. Sin la libre circulación de los trabajadores, las transferencias fiscales son la única opción de la zona del euro para aliviar los pagos de la deuda y, al estimular la actividad económica, impulsar el empleo.
Establecer un mecanismo de ese tipo no será fácil, ya que requieren un recurso escaso en la Europa actual: confianza. De hecho, el norte y el sur han tenido dificultades para superar sus diferencias culturales y las dispares condiciones económicas, que les impiden ver la situación desde la perspectiva del otro.
Acercar más estrechamente a la unión podría resultar fundamental para construir esa confianza. Una estrategia que combina la racionalidad con el gradualismo necesario para superar la resistencia política sería aumentar continuamente el presupuesto de la UE para que pueda, a la larga, desempeñar un papel macroeconómico, promover la estabilidad y a reforzar la cohesión en la zona del euro.
No se trata de un objetivo fácil, pero sí de uno fundamental.
Yannos Papantoniou, ministro de Economía y Finanzas de Grecia entre 1994 y 2001, es presidente del Center for Progressive Policy Research, un grupo de expertos independiente. © Project Syndicate 1995–2015