Desde los años 70 y 80, cuando estudiaba en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, escucho la oración “nadie es portador de la verdad”.
El tiempo vivido me permite hacer una precisión: nadie es portador de la realidad. La realidad es objetiva, existe simplemente. La verdad es más compleja.
Por medio de los sentidos, nuestro cerebro recibe datos objetivos que por sí mismos no tienen significado. Para ser relevantes, las imágenes, sonidos, aromas, texturas y sabores deben ser interpretados y transformados en ideas, y en ello juegan su papel los prejuicios que convierten los datos aprehendidos sensorialmente en conocimiento.
Cuanto mayor sea el saber de una persona, mejor prejuzgará la información recibida por los sentidos y su representación será más cercana a la realidad; por el contrario, en tanto menos instruido sea el receptor de los datos, más lejana de la realidad serán sus apreciaciones.
Sin embargo, será verdad tanto la percepción del erudito como la del profano. Mientras la realidad es objetiva la verdad es subjetiva.
Leyenda o historia, eppur si muove, habría dicho Galileo Galilei en 1633 frente al Santo Oficio, cuando abrazó el heliocentrismo de Copérnico. Por muy aceptado que fuera el geocentrismo, estaba lejos de la realidad, pues la Tierra no es el centro del universo y los planetas no giran alrededor a ella.
La verdad copernicana, cercana a la materialidad objetiva, solamente tuvo importancia cuando entró en conflicto con la verdad oficial distante de la evidencia del cosmos.
La verdad –próxima a la realidad– no es importante si no tiene fricción con la falsedad o la mentira; correlativamente, la mentira y la falsedad son irrelevantes y caminan sin problema cuando no entran en conflicto con la verdad.
El debate resulta duro para quien sostiene la verdad –su interpretación de la realidad– porque esta es una, en tanto la mentira es infinita.
Quien se conduce con ética profesional y asume seriamente la misión de denunciar esa verdad cercana a la realidad objetiva (periodista, auditor, economista, político, fiscal y procurador, abogado y científico entre otros), debe pasar un dura prueba: imponer la verdad a pesar de los mendaces y sus inacabables calumnias y falacias.
La verdad única frente a múltiples explicaciones mentirosas que mutan todos los días: anteayer era una conspiración, ayer se descalificó al denunciante, hoy es un conflicto familiar, mañana será otro invento.
Cifras de impunidad. Actualmente, la realidad objetiva nos atropella: al 8 de octubre 410 homicidios habían sido cometidos en lo que va del año, de los cuales el OIJ resolvió solo el 37%.
Este porcentaje corresponde a riñas y feminicidios cuya investigación es menos compleja (fuente: MSP Gustavo Mata). La resolución es baja. Las matemáticas no fallan: el 63% de los homicidios cometidos por ladrones y sicarios engrosan la cifra de impunidad.
Para fin de año, la proyección de homicidios es de 530 a 540; contrastante con los 453 del 2014 y los 411 del 2013. Esto es, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en el 2015 rondará el 11,4, mientras en el 2013 fue de 8,6 y en el 2014, de 9,5.
Los números indican un retroceso: en el 2010 la tasa fue de 11,6 homicidios por cada 100.000 habitantes.
El fiscal general de la República, Jorge Chavarría, declaró recientemente: “Costa Rica es ya un país violento y pasó al punto de no retorno” ( Diario Extra, 30/9/15).
Un muelle construido ilegalmente fue “descubierto” en Limón y el presunto responsable, un empresario ligado a una institución gubernamental, fue detenido después como sospechoso de graves hechos delictivos.
Frente a esta realidad numérica y cualitativa, “somos el país más feliz del mundo” ( El Mundo, 1/5/15), las declaraciones del fiscal general se recibieron con indiferencia y el Poder Ejecutivo habló de reabrir el muelle ilegal para no perjudicar a los pescadores ( La Nación, 2/9/15).
La indolencia y el argumentum ad populum son las respuestas a la inseguridad y a la penetración del crimen organizado. La verdad es la inseguridad ciudadana y el avance de las organizaciones criminales.
Política de seguridad. Debemos exigir a las instituciones enfrentar con la mayor brevedad la inseguridad ciudadana y la penetración del crimen organizado con la verdad, sin desviaciones y sin falacias: política de seguridad efectiva por parte del presidente de la República, política de persecución vigorosa por parte del fiscal general –nada de puntos de no retorno– e investigaciones técnicas y eficaces del OIJ.
La Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa deben crear tribunales de alto impacto, y la segunda, además, debe destinar presupuesto a la seguridad ciudadana y a la lucha contra la impunidad.
Si no son esas instituciones, ¿quiénes?; y si no es ahora, ¿cuándo?
Francisco J. Dall’Anese es abogado.