Recientemente, Álvaro Ramos Chaves, en su condición de superintendente de Pensiones, ha hecho alusión a mi actividad profesional respecto al estudio actuarial sobre el IVM, en su artículo “Diálogo: base para pensiones dignas” ( La Nación 18/1/2017). En este sentido, estoy sorprendido al ver que se presentan comentarios que no responden a la realidad, por lo cual los rechazo categóricamente.
El 26 de enero del 2015, por acto unilateral de los contratantes CCSS-Supén se dispone la suspensión de la ejecución contractual (cinco días antes de la finalización) con la decisión de poner en práctica un proceso de “mediación neutral” previsto en el contrato, con la participación futura de la Escuela de Matemáticas de la UCR, por lo que no resuelta cierto que a esa fecha mi estudio actuarial fuera “cuestionado en sus bases técnicas por la CCSS, la UCR y la propia Superintendencia de Pensiones (Supén)”.
Por mi parte, no existían “incumplimientos contractuales formales” ni a la fecha de la suspensión del contrato al 26 de enero del 2015, ni a junio del 2015 cuando asumió el nuevo superintendente. De hecho, en el citado artículo, no se menciona ningún incumplimiento contractual formal, se trata de una expresión carente de contenido y de justificación.
Es más, en la fecha de la suspensión de la ejecución contractual me encontraba en término con todas las actividades y productos establecidos en el cartel y, en especial, con los resultados de la “Evaluación de Escenarios de Proyección” del Régimen IVM. y de sus “pruebas de sensibilidad”. Todas las consultas y observaciones que se me trasladaron fueron plenamente respondidas en tiempo y forma al 30 de enero del 2015 y no fueron objeto de reclamo posterior, y ninguno de estos informes y productos fueron objeto de declaración de no aceptación definitiva ni de rechazo por parte de la comisión técnica o de la comisión administrativa integradas por la Supén y la CCSS.
Denuncia de irregularidades. Los que están debidamente documentados son los “incumplimientos contractuales formales” en cabeza de los representantes de la CCSS, los que están detallados en mis presentaciones y respuestas a oficios recibidos y en la denuncia de irregularidades formulada el 17 de setiembre del 2015, entre otros documentos que deberían ser públicos en razón de las críticas realizadas en forma pública por las autoridades de la CCSS y la Supén.
Recién con la presentación de mi informe final, con fecha 27 de julio del 2015, se tienen las resoluciones tomadas por la CCSS y la Supén en agosto del 2015 (comunicadas mediante oficio DAP-1235-2015 del 31/8/2015) de donde solo surge la no aceptación definitiva de los dos últimos productos: “Evaluación de Escenarios de Ajuste” e “Informe Final”.
Todo ello fue recurrido por mi parte mediante la contestación de fecha 7/9/2015 al oficio DAP-1235-2015 y sucesivas presentaciones, y hasta aún hoy tanto la CCSS como la Supén se han negado a responder.
No conozco ningún informe de “técnicos de la Supén”, sobre “es que era imposible aceptar este documento como base para el diálogo nacional que requerimos en pensiones”. Del artículo no se colige a quiénes se refiere por “técnicos”. Es importante señalar que el cartel de la licitación requería contar con licenciados en ciencias actuariales con 10 años de experiencia en seguridad social, condición no cumplida por los funcionarios y auxiliares de la CCSS y de la Supén que participaron con referencia a mi estudio actuarial.
Finalmente, debo señalar que mi actividad profesional siempre tiene en cuenta el interés público y cumplo con los estándares profesionales de la Asociación Actuarial Internacional. Lamentablemente, existe una negación de la profesionalidad y espero que este país pueda encarar constructivamente la situación en que se encuentra el Régimen IVM.
El autor es actuario, quien llevó a cabo uno de los estudios sobre el estado del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).