El Colegio de Contadores Públicos no tiene autoridad moral para imponer un ultimátum a las pymes sobre aplicación de normas internacionales de información financiera porque, paradójicamente, el último informe de los auditores externos, además de señalar varias deficiencias de control interno, expresa que los estados financieros del Colegio no se elaboraban conforme a las normas de marras, sino de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados.
Tal vez lo más grave es que, al discutir el presupuesto en la propia asamblea general, se comentó que sin los cursos que se imparten sobre aplicación de normas el Colegio quebraría, lo que constituye la imposición de tales normas en un asunto de supervivencia financiera.
En el empeño de lograr afluencia a los cursos, se ha incurrido en una publicidad ilegalmente engañosa que otorgaba diferencias en el ejercicio profesional, al extremo de que el 31 de enero pasado el Tribunal de lo Contencioso Administrativo dictó la siguiente medida cautelar: “SE ORDENA al Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica que debe publicar en forma destacada en un medio de difusión nacional, y en todos los medios publicitarios oficiales de dicho colegio, lo siguiente:
1) La advertencia de que todos los cursos que patrocina el Colegio de Contadores Públicos de C. R. son estrictamente voluntarios y solo permiten obtener un documento formal que haga constar que se cursaron satisfactoriamente.
2) Que dichos cursos no son requisito ni condicionante de ninguna naturaleza para optar por ninguna clase de certificación específica, ni acreditan ningún otro aspecto de índole profesional que pueda propiciar ningún tipo de ventaja discriminatoria en materia de ejercicio de la profesión de contador público”.
Además de otras desagradables situaciones que se hicieron del conocimiento de la Procuraduría de la Ética, la Controlaría General de la República y el Tribunal de Honor del Colegio, tal orden judicial ha sido desobedecida por algunos funcionarios del Colegio, lo cual se denunciará al Tribunal Contencioso Administrativo.