Durante los últimos años y cada vez en mayor grado, Costa Rica se ha visto enfrascada en discusiones legislativas interminables que se han convertido en laberintos sin salida y cuyo final en escasas ocasiones puede verse más allá de la urgencia inminente o de la obligación a decidir.
Leí con atención el editorial de LaNación de este jueves 26 de mayo y su señalamiento de la necesidad de buscar opciones que permitan mayor fluidez al trabajo de nuestro Congreso. Precisamente, en esa línea y desde el 11 de mayo anterior el Gobierno de la República entregó al nuevo directorio legislativo una propuesta concreta y directa cuyos principales conceptos deseo compartir con los costarricenses.
Por una Asamblea más ágil. Atrapada en un reglamento vetusto, nuestra Asamblea Legislativa ha llegado a convertirse en uno de los mejores reflejos de las dificultades que impiden a nuestro país tener la capacidad de respuesta institucional que demanda un Estado moderno y eficiente.
Muestra de ello son los 128 proyectos de ley que actualmente hacen fila para iniciar su trámite en primer debate. Muchos ya llevan más de 10 años estancados mientras que las contrariedades que esos textos pretenden resolver continúan aquejando a la sociedad costarricense.
Otro ejemplo de ello son los 39 proyectos de reforma constitucional, presentados algunos desde 2004, y de los cuales a 36 ni siquiera se les ha dado primera lectura. La lista de ejemplos puede extenderse de manera interminable.
Notamos entonces que, sin duda, los plazos actualmente establecidos reglamentariamente para discutir y votar los proyectos sometidos a consideración del Parlamento son un tema de urgente atención.
Reforma al Reglamento. Por todo esto, y en aras de cumplir nuestra responsabilidad de generar propuestas constructivas, es que elaboramos un proyecto concreto y específico, cuyo fin es modificar el artículo 119 del Reglamento Legislativo, con el objeto de delimitar a un año natural el tiempo de discusión de los proyectos de ley, período luego del cual, esa iniciativa necesariamente será votada afirmativa o negativamente, pero hallará una solución definitiva.
Cabe destacar que este proyecto pretende aprovechar la buena disposición del grupo de fracciones que conforman el actual directorio legislativo, quienes en el inciso 11 del punto 4 de su documento de compromisos expresaron su propósito de promover la reforma al Reglamento Legislativo para agilizar el funcionamiento del Parlamento.
Consideramos que 12 meses es un plazo prudencial para que un proyecto atraviese las etapas correspondientes, y en el cual se pueda desarrollar un debate que determine su viabilidad. Asimismo, esto no elimina la posibilidad de que un proyecto sea discutido en un lapso menor cuando resulte factible.
La propuesta, además, contempla excepciones específicas para los casos que ya tienen plazos determinados por otra vía, entre los que se citan las reformas constitucionales, los empréstitos referidos al crédito público y los nombramientos que corresponden al Congreso.
Es una idea concreta sustentada en estudios técnicos, con los que buscamos cooperar desde el poder ejecutivo con el objetivo de dar fluidez a la labor del Congreso. Proponemos su debate, así como esperamos la disposición de todas las fuerzas políticas a realizar aportes que amplíen o mejoren dicha propuesta. Con esa finalidad hemos enviado a cada fracción legislativa el texto correspondiente.
Pretendemos que este sirva como punto de partida para el trabajo al que de forma inmediata se abocará la Comisión Especial de Reglamento y luego, por supuesto, el plenario legislativo.
Costa Rica no puede seguir esperando soluciones que dependan de discusiones inacabables y muchas veces estériles. Es una obligación de todos promover y aportar los insumos necesarios para conseguir el equilibrio racional entre las demandas de la sociedad y las respuestas que el Estado oportunamente debe brindarle.