El 2 de febrero del 2014 pasará a la historia como la fecha en la que, por vez primera, los costarricenses pudieron votar desde el extranjero. La democracia más antigua y estable de Latinoamérica arrastraba esa deuda con su población migrante, con un sector de nuestro pueblo sistemáticamente invisibilizado.
Por décadas negamos la realidad de que muchos, miles de compatriotas, por una u otra razón, habían debido dejar el suelo nacional para irse a vivir a otras tierras. Esa negación se traducía en exclusión: sencillamente quedaban al margen de una decisión que nos incumbe a todos los hijos de Costa Rica: no olvidemos que estos amigos, vecinos y familiares, suyos y míos, aunque se hayan ido lejos, siguen siendo costarricenses.
En relación con este paso gigante de la democracia costarricense, haré tres consideraciones, sobre el cómo, el cuánto y el por qué, del voto en el extranjero implementado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Seguridad. El TSE, conforme al mandato establecido en el Código Electoral de 2009, instaló 61 juntas receptoras de votos en 41 países y 52 consulados, bajo los más estrictos estándares técnicos de gestión electoral y con todas las garantías necesarias para el libre ejercicio del sufragio, velando siempre por un traslado seguro del material electoral y facilitando la más amplia fiscalización partidaria de todo el proceso.
Más del 98% de los 12.654 costarricenses empadronados para votar en el extranjero, tenían asignado a un funcionario experimentado del TSE para recibirles el voto (los demás tenían que votar en mesas regidas por representantes de los partidos políticos o por funcionarios consulares, todos bajo imperioso deber de imparcialidad en el ejercicio de sus funciones electorales).
Cuatro partidos acreditaron 35 fiscales en las juntas instaladas en el extranjero; todas las papeletas que salieron del país regresaron (ya se hizo el escrutinio de esas juntas en la sede central del TSE en San José y los fiscales partidarios fueron testigos de la absoluta corrección y transparencia de todo el proceso. ¡Ni una demanda de nulidad se presentó contra los resultados de esas mesas!
Derecho y austeridad. El país invirtió solo 65 millones de colones en este esfuerzo. Eso es menos de lo que le cuesta a un partido político la producción y pauta de un par de anuncios en televisión y radio. Si eso nos parece un gasto excesivo, por llevar las elecciones a nuestros compatriotas que están lejos de casa, quizá no hayamos comprendido bien el valor de la democracia.
El costo del voto en el extranjero por elector (el TSE no puede presupuestar sus procesos sobre la base de estimaciones de la eventual abstención), es de apenas 10 dólares, por debajo de su valor en otros países de la región (por ejemplo Panamá, que invierte 17 dólares por elector en el extranjero) y solo un dólar más costoso que el gasto por elector de instalar mesas de votación en comunidades indígenas (sin que, a la fecha, la abstención en ellas haya sido invocada por nadie como razón que justifique replantearse esa inversión).
Y esta es la consideración más importante. Instalar estas juntas receptoras de votos no es una concesión graciosa que el Estado costarricense ofrece a sus ciudadanos en el extranjero. Al hacerlo, el TSE cumple con una obligación legal (eso sí, la cumple con entusiasmo patriótico y el orgullo de haber sido el impulsor de la reforma que hizo posible este avance).
La historia de Costa Rica es la historia de una democracia que, con los años, se ha ido haciendo más y más inclusiva. Incorporando, primero , a los hombres iletrados y de escasos recursos; luego a las mujeres, y después a los indígenas, a los privados de libertad y a las personas de la tercera edad residentes en asilos.
También, se les facilitó el ejercicio del voto (en condiciones de igualdad) a las personas con alguna discapacidad.
Desde lejos. Poco a poco, hemos ido derribando como sociedad las barreras que excluyen y marginan a la gente de participar en la decisión de todos, en la decisión democrática. Por eso ya era hora de que “la patria peregrina, que no por peregrina es menos patria” (Tabaré Vásquez), pudiera votar también.
Sencillamente, la posibilidad de votar es un derecho que tienen todos los costarricenses, sin importar que vivan en Costa Rica o en otro país, porque cuando uno se va, pierde muchas cosas, pero no se arranca su patria. El vínculo se mantiene, más hoy, gracias a las tecnologías de la comunicación. Está quien envía en remesas el fruto de su esfuerzo y del dolor de la distancia.
El orgullo y el pesar por lo que aquí ocurre, se siente quizá incluso de forma más intensa por los costarricense en el extranjero.
Pero, sobre todo, existe el anhelo por una Costa Rica mejor no se queda tirado en el aeropuerto, ni en Peñas Blancas o en Paso Canoas. Ese sueño se va con uno, porque va por dentro.
Por tanto, aunque la abstención en esas mesas haya sido elevada y sus causas deban analizarse, esa no es razón (ni para los que votamos en aquí ni para los que votan allende las fronteras) para suprimir un derecho fundamental y dar, así, un paso atrás en nuestra madurez democrática como pueblo.
El próximo 6 de abril Costa Rica se levantará a votar no solo en Esparza y en Barva sino, también, en Londres y en Los Ángeles, porque en cualquier lugar del mundo donde haya un costarricense, hay un ciudadano con todo el derecho de hacerse escuchar en esta democracia que tanto nos enorgullece a todos.