Con el fin de aclarar algunos aspectos sobre la nota publicada el 1.° de setiembre, titulada “Firma encargada de reparar la 'platina' frena obras en 31 puentes” (LaNación, ElPaís):
Hay dos apectos principales de la nota en mención que deseamos abordar pues consideramos dejan en los lectores una concepción errónea en lo relativo a la apelación que hiciera nuestra empresa sobre la adjudicación –no firme– de las obras de referencia.
Para proporcionarle datos precisos, nuestra empresa interpuso recursos de apelación ante la Contraloría General de la República el día 30 de junio del año en curso. Para ese entonces, ni siquiera sabíamos que el Conavi se demoraría más de lo usual en pagarnos facturas ya aprobadas.
Fue por la prensa, el 11 de agosto, cuando nos enteramos que no se nos pagarían los cheques por las obras contratadas. Pero, como le explicamos, nuestra empresa no fue –ni ha sido– informada oficialmente sobre una decisión del MOPT de congelar el pago de las sumas adeudadas.
Es importante aclarar eso porque, tal y como se expresa en la nota publicada, queda la idea de que nuestra empresa ejerció el derecho de apelación cual si fuese una medida coercitiva ante el MOPT por la demora de dichos pagos. Nada más ajeno a la realidad. Ejercimos ese derecho en forma legítima; y el propio Órgano Contralor admitió a trámite esas gestiones. Vincular el no pago de unas facturas con dichos recursos constituiría una especulación no sustentada en prueba alguna.
El segundo aspecto tiene que ver con la aclaración atribuida en esa nota a la Sra. viceministra María Lorena López, indicando que “el Consorcio Soares de Costa no fue seleccionado porque no tiene trabajadores asegurados en Costa Rica”.
Tal señalamiento es incorrecto. El consorcio como tal lo integran dos empresas del mismo grupo empresarial Soares da Costa; y la empresal local se encargó de reportar, inscribir y pagar todas las cuotas ante la Caja Costarricense de Seguro Social por todos los operadores que se desempeñaron en los trabajos puente sobre el río Virilla; y, ademas, así también lo hizo ante el Instituto Nacional de Seguros (INS). Ya la Caja Costarricense de Seguro Social, a solicitud de la Contraloría, brindó la información al respecto.
Precisamente porque no consideramos correcto el motivo de exclusión de nuestras ofertas, acudimos a la Contraloría en la misma forma en que han acudido otras empresas; y en forma respetuosa, aguardamos el dictado de resolución, donde el superior analice la corrección o no de lo actuado en esas adjudicaciones.