Costa Rica enfrenta desde hace varios años una disyuntiva: continuar por el sendero de la inercia, postergando decisiones de fondo en materia de política fiscal y erosionando nuestras más importantes conquistas sociales o marcar un nuevo punto de inflexión al implementar soluciones duraderas y sostenibles a la inestabilidad fiscal.
A las puertas del cierre del 2016, las finanzas del Gobierno Central presentaban una leve mejoría, con un déficit financiero del 4,4% del PIB al mes de noviembre, según informó el Ministerio de Hacienda, inferior al 5% observado en el mismo período del 2015, resultado que se explica por un comportamiento favorable en la recaudación tributaria, particularmente en los impuestos de renta y ventas, que se suma a una menor tasa de crecimiento del gasto, producto de medidas de contención y favorecida en parte por el bajo nivel inflacionario.
A pesar de que el 2016 representó lo que se podría denominar un año sin mayores sobresaltos, la situación fiscal se encuentra en un punto crítico, y es justamente la postergación de decisiones lo que ha permitido que la deuda se acerque a un límite insostenible.
De diciembre del 2008 a octubre del 2016, la deuda del Gobierno Central pasó del 24% al 45% del PIB, de lo cual se concluye la urgencia de concretar acciones para el fortalecimiento de la administración y recaudación tributarias y de la racionalización del gasto.
Medidas insuficientes. En el 2016 se concretaron proyectos de ley tendientes a dotar a las autoridades hacendarias de nuevas herramientas de gestión, como la Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos y la recientemente publicada Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, así como otras medidas tendientes a minimizar los costos de financiamiento, como la puesta en funcionamiento de Tesoro Directo y la emisión de nuevos productos financieros.
No obstante, estas iniciativas distan aún de proporcionar una solución definitiva al continuo y creciente desbalance en las cuentas del Gobierno. Reformas más profundas en temas como remuneraciones y empleo público, sostenibilidad de los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto nacional, posibles contingencias en el futuro (como la que representa el sostenimiento de las pensiones del Poder Judicial) y el ajuste de los destinos específicos a la realidad económica y social del país permanecen como tareas pendientes.
Con un presupuesto aprobado para el Gobierno Central de ¢8,9 billones para el siguiente ejercicio, que en un 89% se destina al pago de salarios, transferencias corrientes y deuda, en donde los gastos corrientes financiados con deuda representan un preocupante 4,7% del PIB, la responsabilidad fiscal y la toma de decisiones atinentes a esta materia debieran ser la máxima este año.
Las perspectivas de la economía mundial, a cuyas fluctuaciones Costa Rica como país pequeño y abierto permanece fuertemente ligado, señalan para el 2017 un repunte en la estimación del crecimiento de los Estados Unidos y un fortalecimiento del dólar respecto a otras monedas. La Reserva Federal ya aumentó su tasa de interés de referencia de un rango de 0,25%-0,50% a un rango de 0,50%-0,75%, tras siete años de estar en mínimos históricos.
De la misma forma, las medidas de política comercial y los incentivos a la inversión doméstica que pueda poner en marcha la nueva administración estadounidense podrían incidir sobre la economía local y, por supuesto, sobre las finanzas públicas.
Retos mayores. En nuestro país, pese a que se proyecta un mayor crecimiento que en el 2016, la situación fiscal y la sostenibilidad de la deuda pública se presentan como uno de los mayores desafíos económicos pendientes y cuyas consecuencias tendrían un importante impacto social.
Para el 2017, persisten las vulnerabilidades y se agotan los espacios de acción favorables de periodos anteriores, como los niveles de inflación, las tasas de interés, el tipo de cambio y los precios internacionales del petróleo, entre otros.
El país no puede permanecer indiferente ante el eventual cambio de estas condiciones que hasta hoy han representado un espacio de distensión.
La disyuntiva ante la que nos encontramos implica, entonces, tomar las decisiones y asumir el costo de ejecutarlas, así como aportar cada quien lo que le corresponde de modo que el modelo fiscal vigente tienda a un equilibrio sostenible; o bien, permitir que el déficit fiscal continúe socavando los diferentes servicios que se prestan a la ciudadanía desde el aparato público, deteriorando así la calidad de vida de la presente y futuras generaciones. Se agota el tiempo para decidir.
La autora es contralora general de la República.