El déficit fiscal aparece cuando los gastos presupuestados por el Gobierno Central son mayores que los ingresos. Este es el caso patético de una Costa Rica que expandió sus gastos del 2009 al 2017, de ¢2,86 billones a ¢7,01 billones, con ingresos de ¢2,36 billones y ¢4,83 billones, respectivamente.
Esta expansión del gasto género un déficit financiero que pasó del 3,3% del PIB en el 2009, a un 6,4% en el 2017. Lo preocupante de esta expansión del gasto es que no ha significado mayor infraestructura, mejoramiento de la calidad educativa, mayor inclusión social, reducción de la pobreza, mayor empleo en el sector privado y mayores oportunidades para las pymes.
Lo grave de este desequilibrio fiscal creciente es que no hemos logrado acuerdos políticos para lograr ordenar la Hacienda pública, a pesar de que la coyuntura internacional ha sido muy favorable con precios del petróleo que cayeron 73% desde enero del 2014, la estabilidad en los precios de materias primas, tasas de interés bajas, gran liquidez, estabilidad en mercados financieros y un crecimiento mundial moderado.
Hoy, la situación parece complicarse y la perspectiva es que la actividad económica parece decrecer del 4,7% en el 2016 al 3,9% en el 2017, con mayor subempleo y el empleo informal.
En cuanto a la balanza de pagos, la cuenta corriente parece mantenerse estable en -un 3,6% del PIB, siendo los servicios la clave para nivelar el déficit comercial de -9,4% del PIB.
Con respecto al tipo de cambio, todo señala que se deslizara lentamente a costa de perder más de $900 millones en reservas en el 2017. La inflación se ubicará este año entre un 3,5% y un 4,5%, dependiendo de los balances macroeconómicos.
Finanzas públicas. En junio de este año, el déficit del sector público global aumentó un 33% con respecto al 2016, debido al acelerado deterioro de las finanzas del Gobierno Central y a un menor superávit del resto del sector público no financiero.
Esta situación se presenta debido a que los gastos están creciendo un 9,9% y los ingresos tributarios un 6,8%.
El creciente déficit fiscal lo seguimos financiando con mayor endeudamiento. Una deuda pública del Gobierno Central que pasó del 34,3% del PIB en el 2012 al 47,8% en el 2017.
Solo en los últimos cuatro años, el servicio de la deuda ha crecido un 35% en términos reales al pasar de ¢2,28 billones a ¢2,93 billones. Más intereses, más comisiones, más desconfianza están generando mayor presión en el mercado financiero, y afecta la disponibilidad de crédito al sector productivo y recursos para el sector público.
Hoy, el servicio a la deuda es de un 32,8% de los egresos. ¿Podemos acaso seguir viviendo con base en mayor endeudamiento? ¿Podemos seguir pagando pluses salariales que ya significan el 43% de los salarios? ¿Podemos seguir pagando pensiones que superan los 14 millones mensuales?
Déficit creciente. Está claro que los ingresos fiscales se han estancado en un 14,5% del PIB y cubrimos el 45% de los gastos con mayor financiamiento. Los ingresos fiscales se concentran principalmente en impuestos de ventas, ¢1,56 billones; renta, ¢1,53 billones; combustibles, ¢492.000 millones; consumo, ¢290.000 millones; impuesto a la propiedad vehicular, ¢183.000 millones; y aduanas ¢179.000 millones.
Desde el 2009, tenemos un déficit primario que va desde ¢212.000 millones en el 2009 a $1,17 billones, en el 2017. Los gastos pasaron del 14,7% del PIB en el 2009 al 17,9% del PIB en el 2017, y los intereses crecieron de un 2,1% del PIB en el 2009 al 3,2% del PIB en el 2017.
Hoy, los intereses de la deuda ya superan el billón de colones, las remuneraciones llegan a ¢2,47 billones, las transferencias a ¢2,63 billones y la amortización a ¢1,83 billones.
Cada vez gastamos más en transferencias corrientes especialmente en el Fondo Especial de Educación Superior y los regímenes de pensiones. El servicio de la deuda, MEP y regímenes de pensiones son el 71% de los egresos. El empleo ha crecido de 96.000 plazas en el 2003 a 134.000 en el Gobierno Central.
Transferencias. Las transferencias del Gobierno Central pasaron de ¢750.000 millones en el 2007 a ¢3,2 billones en el 2017. La mayoría son destinos específicos constitucionales o legales y aprovisionan recursos para gastos de operación de distintas instituciones del sector público, programas sociales e infraestructura.
Los beneficiarios principales son el FEES, juntas de educación, Fonabe, UTM, Fodesaf, PANI, IMAS, Conavi, municipios, Incofer, CCSS, Fonafifo y otros.
El Gobierno tiene una serie de destinos específicos que están ligados a los ingresos por renta, impuesto solidario, impuesto a las personas jurídicas, propiedad de carros, transferencias de bienes, ventas, bebidas, combustible, cemento y otros. El 95% de los ingresos del Gobierno tienen destinos específicos.
Reforma fiscal integral. No cabe duda de que estamos en una encrucijada compleja donde todos debemos poner nuestro granito de arena para solucionarla. Hay que ordenar la Hacienda pública, con mayor recaudación, contención y mejora de la calidad del gasto público.
No podemos seguir en el actual desorden fiscal. Tenemos que fijar objetivos a corto, mediano y largo plazo. No debemos seguir aumentando el tamaño del gasto público sin antes fijar prioridades, plazos y evaluaciones.
Hoy, más que nunca, se necesita mayor transparencia, mejor gobernabilidad y acabar con tantos privilegios. Hay que evaluar todos los programas a los que se les transfieren sumas millonarias todos los años.
No puede permanecer tantas diferencias en la estructura salarial y las pensiones de todo el sector público. Tenemos que devolver la confianza a los costarricenses en el manejo de la Hacienda. Es correcto que se debe aumentar la carga tributaria mínimo en un 3% del PIB en forma gradual y recortar los graves privilegios de unos pocos. Paralelamente, será importante simplificar la estructura de costos y buscar una tarifa igual para servicios y productos.
Tenemos que lograr mejoras administrativas para asignar más eficientemente los recursos. No es posible que las transferencias sean automáticas y nadie tenga control de su calidad y eficiencia.
La única manera de lograr mayor estabilidad social, política y económica es establecer parámetros de medición y objetivos claros con políticas nacionales que permanezcan en el tiempo. Nuestra educación es el rubro de mayor inversión; sin embargo, su calidad y pertinencia están seriamente cuestionadas.
Hay que controlar el déficit del BCCR y revisar su política cambiaria. Tenemos que buscar acuerdos y revisar esa inflexibilidad en el gasto público. Cualquier reforma debe hacerse con gradualidad, pero con paso firme a pesar de las presiones de los grupos afectados. Recordemos que el presupuesto nacional es solo la tercera parte de todo el sector público.
Todas las instituciones deben contribuir con el Gobierno. No se puede seguir creando más exoneraciones y transferencias cruzadas para ciertos sectores. No podemos seguir en este archipiélago de instituciones, cada una con una estructura salarial y objetivos diferentes. El Poder Ejecutivo tiene que tener competencia para actuar. Debemos flexibilizar e impedir la creación de nuevos mandatos constitucionales, cuando no hay recursos suficientes. No podemos tener instituciones donde se aprueba su propia estructura salarial y beneficios sin garantizar las finanzas como un todo.
El autor es ingeniero.