A los funcionarios con alto poder de decisión se les debería de sancionar por sus errores y, sobre todo, por su negligencia en la función pública.
Los costarricenses debemos presionar a candidatos presidenciales y a aspirantes a diputado a reformar el sistema de sanciones.
Los 22 magistrados, a su vez, deben abrir los ojos de la justicia y proponer reformas para condenar tanto error, tanta omisión en los tomadores de decisiones de alto nivel que, terminado su nombramiento, vuelven a su vida privada como si nada. En paz con ellos, aunque su paso por una institución haya estado marcado por la dejadez.
Para este tipo de altos funcionarios no debe haber plazo para acusarlos penalmente. Hasta el fin de sus días deberían ser sujetos de dar la cara ante un tribunal. Ejemplos para aplicar este cambio hay muchos. En obra pública, en bancos, en inversiones...
Pero, un ejemplo que estamos viendo en vivo es el régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Hace más de 10 años que las alertas se encendieron para indicar que el fondo tiene sus años contados y esta es la hora en que todos los presidentes ejecutivos, directores y gerentes de la CCSS se han resistido a actuar para poner a salvo las pensiones de los que hoy tienen 50 años o menos de edad.
Los funcionarios colocados por los últimos cuatro gobiernos en el manejo de la CCSS y del IVM han visto con apatía esas luces rojas de los informes actuariales que dan 10 años o menos a la sostenibilidad del régimen.
En su lugar, más bien han tomado decisiones que causaron una mayor erosión del fondo, como lo fue la del 2006 con el permiso para el retiro anticipado, que llevó a miles a solicitarlo y así, el IVM se volvió menos sostenible. Estos altos mandos de la CCSS también han provocado que el IVM deba tomar, año a año, ¢70.000 millones de los intereses que genera el fondo para poder pagar el aguinaldo a los jubilados porque la plata no alcanza.
Si en 10, 20 o 25 años el IVM colapsara por la negligencia de hoy, ninguna de las personas que hoy vemos tan tranquilas darán la cara ante los que tendrán en peligro su jubilación.
Eso, los costarricenses debemos corregirlo desde ahora y exigir sanciones hacia futuro por esas omisiones de hoy.
El autor es jefe de redacción en La Nación.