LA HAYA – Las propuestas relativas a la gobernanza de Internet están destinadas a generar fricciones serias. El mundo en línea, después de todo, ha proporcionado enormes oportunidades para miles de millones de habitantes, y esto ocurre debido a que la Internet, en su gran mayoría, nunca ha sido gobernada.
Y, sin embargo, a medida que Internet crece en cuanto a su importancia, también lo hacen los riesgos inherentes a la falta de regulación. Existe el creciente peligro de que la plataforma abierta, tan apreciada por todos nosotros, se verá cada vez más colonizada por la avaricia corporativa, las actividades criminales y los conflictos entre los Estados, y, en última instancia, las víctimas serán los ciudadanos comunes y corrientes.
Es esencial que se pongan en marcha salvaguardias, y que las empresas y los países, por igual, estén obligados por principios que les alienten a actuar a favor del interés común.
La visión utópica acerca de que los Gobiernos y otras instituciones deberían permanecer fuera sin involucrarse en la Internet ignora el papel que los países ya se encuentran desempeñando, y que muy frecuentemente lo desempeñan en secreto. Tampoco toma en cuenta el hecho de que las empresas gigantes explotan este ámbito, que en gran medida no está regulado, para erigirse como los nuevos soberanos.
Cuando un país censura los contenidos en línea en una escala masiva o utiliza puertas traseras digitales para vigilar a sus ciudadanos, la Internet en su conjunto siente el impacto. Del mismo modo, hoy día, cuando las empresas con miles de millones de usuarios esparcidos por todo el mundo sufren infracciones relativas a datos o deciden ir tras ganancias a costa de infringir los derechos humanos universales, en la actualidad no está claro quién puede responsabilizar a dichos países o empresas para que rindan cuentas de sus actos.
Los derechos humanos no se pueden “equilibrar” con los intereses de los Estados o de las empresas comerciales. La defensa de los principios básicos requiere un sistema de pesos y contrapesos; es decir, se requieren mecanismos que puedan garantizar que los derechos humanos, incluyendo el derecho a la privacidad, estén protegidos, incluso cuando se consideren preocupaciones legítimas de seguridad.
Hacer esto requerirá que los participantes clave, quienes son responsables de la apertura de Internet, celebren un conjunto variado de acuerdos voluntarios y acuerdos vinculantes que establezcan algo similar a vivir bajo un Estado de derecho.
Hasta ahora, las discusiones sobre la gobernanza de Internet han tenido como objetivo el establecimiento de normas voluntarias. Estas normas se constituyen en importantes primeros pasos; sin embargo, si este proceso, a medida que transcurre el tiempo, no conduce hacia acuerdos vinculantes, es probable que no tenga ningún éxito en cuanto a mantener una Internet segura y en funcionamiento.
Revelaciones sobre la omnipresente vigilancia en línea ya han erosionado la confianza en la Internet y en su idoneidad como medio para comunicar y acceder a información, así como para hacer negocios.
Es crucial que los protocolos centrales de Internet sean declarados como una zona neutral, libre de injerencias de cualquiera de las partes, de acuerdo con lo expuesto en una recomendación realizada por el consejo científico que asesora al gobierno holandés. Esta medida, que únicamente funcionará si es vinculante, reviste interés para todos los países y empresas debido a que el nivel de confianza que los usuarios tienen en los servicios construidos sobre estos protocolos depende de la mencionada base.
Entre los elementos protegidos estarían las familias de protocolos TCP/IP, distintos estándares, el sistema de nombres de dominio (DNS) y los protocolos de enrutamiento.
La Comisión Mundial sobre la Gobernanza de Internet (de la que soy miembro) ha presentado una propuesta para “un nuevo pacto social” entre los ciudadanos; sus congresistas elegidos; las fuerzas del orden y las agencias de inteligencia; las empresas; los grupos de la sociedad civil; y los programadores y desarrolladores.
Entre las disposiciones se encontrarían el reconocimiento de la privacidad y protección de los datos personales como un derecho humano fundamental, y una convocatoria para la formulación de reglas claras, precisas y elaboradas transparentemente que establezcan límites a la vigilancia gubernamental de los datos de los consumidores y al uso de dichos datos por parte de las empresas.
Dentro de este marco, la gobernanza fortalecería la tecnología de la cual depende la Internet. Los Gobiernos no buscarían crear puertas traseras de acceso a los datos, si al hacerlo Internet se tornaría en menos segura.
Las empresas que almacenan o transmiten datos de los consumidores asumirían una mayor responsabilidad con respecto a intrusiones ilegales, daños o destrucción, y se alentarían los esfuerzos que realizan los vigilantes técnicos de Internet por incorporar soluciones que eleven los niveles de protección de los derechos humanos en los estándares y protocolos, incluso en el cifrado de datos de extremo a extremo.
Dicho pacto social y el proceso con múltiples partes interesadas no reemplazarían la supervisión judicial ni la ley internacional de derechos humanos.
Las instituciones de gobernanza ya existentes deberían influir positivamente en las reglas de Internet, siempre que sea posible. Sin embargo, dados los enormes desafíos que ello conlleva, también es necesario alentar a todos los actores para que se comporten en el mejor interés del ecosistema de Internet en su conjunto. Los peligros de hacer lo contrario son, simplemente, demasiado grandes.
Marietje Schaake (@MarietjeD66), miembro del Parlamento Europeo por el Partido Demócrata holandés, es la fundadora del grupo interparlamentario sobre la agenda digital para Europa y es miembro de la Comisión Mundial sobre la Gobernanza de Internet. © Project Syndicate 1995–2015