Puedo anticipar que en este tema encontraré muchas opiniones en contrario y muy pocos adeptos, pero bien vale la pena reflexionar al respecto. Lo hago sin ser ni juez ni parte. Solo me interesa el bien de Costa Rica. Los salarios de los ministros, viceministros y sus principales colaboradores son raquíticos. Muchas personas deben rehusar el ofrecimiento de la Presidencia para integrar el Gabinete, pues les es imposible vivir en ese nuevo nivel de requerimientos con los salarios ofrecidos, o se les hace difícil renunciar a la posición económica en que se encuentran.
Eso indica que el Poder Ejecutivo, como empleador, no puede competir por los mejores recursos humanos. A un ministro o a un viceministro se le exige vestir bien, trabajar largas horas cada día, sábados y domingos, no tener vacaciones y asistir a eventos públicos o privados sin compensación apropiada. A cambio, recibe un salario que es apenas una fracción de lo que podría obtener en la práctica profesional privada, en una empresa o en una institución multilateral.
La consecuencia es la alta rotación en esos puestos y la falta del recurso humano apropiado en el Poder Ejecutivo. Al final del día, Costa Rica paga los platos rotos de este sinsentido, pues el Ejecutivo es el principal gestor de los objetivos del país. Se le exige y reclama hacer más, producir más, ser más eficiente, ser proactivo, pero se le amarran las manos cuando se le niegan los recursos para hacerlo.
No propongo aumentar salarios indiscriminadamente a quienes no lo merezcan o carezcan de capacidad. Propongo que el Poder Ejecutivo tenga lo necesario para atraer al recurso humano más calificado, porque así lograremos una mejora sustancial en la gestión y los resultados del gobierno.
En algún sector de la administración y en las entidades bancarias públicas se ha avanzado en la dirección correcta. En consecuencia, se nota el gran mejoramiento experimentado en los últimos años por los bancos públicos y el Instituto Nacional de Seguros. Sólo son ejemplos para ilustrar el punto, pues se pueden mencionar otros casos.
Esas entidades, a pesar de la competencia y del rompimiento del monopolio estatal, han resultado mejores que sus competidores privados y eso no es ni más ni menos que el producto de la capacidad de su personal a todo nivel, el cual es bien reclutado, bien compensado, bien capacitado y bien motivado.
Hacer todo esto a la vez no es una ecuación fácil de equilibrar, pero la ausencia de uno de los componentes de esa ecuación les hubiera resultado un grave error y pérdidas para el país. Hacer todo esto tiene un costo, pero la inversión es compensada innumerables veces por los beneficios para la entidad y para el país.
Soy testigo de lo que sucede en el Poder Ejecutivo, pues tuve el honor de ser ministro y hacerlo significó para mí un gran orgullo personal y profesional, pero también un enorme sacrificio económico y una pérdida de ahorros.
Una persona nombrada en una de esas posiciones no puede luchar por esta causa, porque es rehén de un silencio forzado, pues sus adversarios dirán que actúa en provecho propio. De inmediato surgirán las trilladas voces de oposición que propondrán atender primero otras necesidades. Más de un despistado dirá que procede buscar una solución integral, lo cual es una forma elegante de posponer el análisis y de que no se haga nada. Tampoco faltará el enemigo político que no apoye la idea para no ayudar al gobierno de turno.
El problema es real y no debe posponerse la discusión. Instaría a los organismos en cuyas manos está promover una solución a que lo hagan con valentía. El problema de una mala gestión radica en todos nosotros, que no aceptamos buscar una solución o, conociéndola, la posponemos, para que el Presidente de turno, aun con muy buenas ideas, no las pueda llevar a la práctica por falta de recurso humano.