La falta de un adecuado ordenamiento territorial de las ciudades de acuerdo con un plan de transporte a largo plazo y la carencia de transporte público eficiente son las principales causas del serio problema de congestionamiento vehicular en el Valle Central.
Urge cambiar de paradigma: una mejor planificación de las ciudades y un mejor transporte público antes que más carreteras.
Es inaudito que el país tarde décadas en llevar a cabo proyectos vitales como carreteras, un tren, aeropuertos, reordenamiento del sistema de buses, etc.
Para que el país cuente con infraestructura de calidad es necesario crear un ente rector vial que se rija por criterios técnicos y gerenciales para dejar atrás el ciclo político de la planificación y gestión de la infraestructura. Es necesario que comprendamos que las obras públicas son obras del Estado y trascienden a los gobiernos.
La nueva entidad debe diseñarse en procura de una planificación a largo plazo de las necesidades, orientada a desarrollar planes coordinados e integrados, que se enfoque en brindar un servicio de calidad a las necesidades de la comunidad, con eficiencia, rendición de cuentas y sostenibilidad.
Debe contar con un director general y personal técnico permanente, escogido por medio de concurso público, y pagar salarios competitivos para retener el talento humano.
Para despolitizar la toma de decisiones, se les debe dar participación al sector privado y a la ciudadanía en la junta directiva y en un comité consultivo con el fin de inmunizar la institución contra las malas prácticas políticas.
El sistema de gestión debería abarcar el mantenimiento de activos existentes y el desarrollo de nuevos proyectos, emplear una metodología para la ejecución de los nuevos atendiendo las mejores prácticas y estableciendo como obligatorio el seguimiento para asegurar una correcta estructuración.
Se debe establecer una lista de proyectos prioritarios bajo contratación tradicional y asociaciones público-privadas, con informes periódicos del avance que permita tanto a la Contraloría como a la población dar seguimiento la inversión de los recursos.
Es imprescindible desarrollar una plataforma digital de las inversiones en infraestructura con el propósito de fiscalizar la eficiencia con que se invierten los recursos y acabar con el secretismo en la construcción de infraestructura.
Si se cuenta con personal técnico y permanente, una lista objetiva de proyectos prioritarios, un ciclo de desarrollo obligatorio, contratos estandarizados, transparencia y supervisión, el ciclo político no debería afectar la ejecución de las obras.
Todas las demás entidades del sector del transporte (aeropuertos, puertos, ferrocarriles y asociaciones público-privadas) y las municipalidades deben ser eficientes.
Llegó el momento de decir basta ya a la improvisación, negligencia y corrupción que durante décadas han prevalecido en la provisión de infraestructura. Tenemos que romper el círculo vicioso que afecta seriamente la competitividad del país y la calidad de vida de sus habitantes.
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El autor es administrador de empresas y abogado.