Un Poder Judicial independiente es indispensable en un Estado de derecho. Independencia significa estar solamente sometido a la ley y a la Constitución Política, libre de injerencias, sobre todo del Poder Ejecutivo. Pero, además de independiente, el Poder Judicial debe funcionar de manera efectiva para que los ciudadanos perciban y constaten una justicia pareja, imparcial e impartida en un plazo razonable.
En los países latinoamericanos, abundan los ejemplos de todo lo contrario: poderes judiciales sometidos al poder político y muy ineficientes. Eso explica, en buena parte, la deslegitimación de la justicia y las crisis de gobernabilidad en casi todos los países de la región. Lo describió muy bien el escritor Sergio Ramírez: “(') la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, donde toda decisión judicial se dicta por razones políticas, para proteger o perjudicar a alguien, así se trate de un caso de violación, de una disputa de tierras, de un homicidio, de una estafa bancaria, o de un simple accidente de tráfico. ‘Por órdenes de arriba’, como se dice en la jerga consuetudinaria”. La Nación 07/08/11, pág. 32A. Es decir, una justicia caracterizada por estar al servicio del poder político y no de la ley.
Selección de magistrados. Una excepción a este panorama latinoamericano es Costa Rica. Ese es un importante factor de la estabilidad democrática de nuestro país. Los magistrados son los jueces de más alto rango en la estructura del Poder Judicial. Tanto el proceso de selección como la designación de los magistrados propietarios o suplentes, deben ser un ejemplo de vigencia del sistema democrático, respetuoso de requisitos como la transparencia, el control y la rendición de cuentas.
Actualmente, la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa revisa 20 candidatos, de los cuales debe escoger solamente diez magistrados suplentes de la Sala de Casación Penal o Sala Tercera, de la Corte Suprema de Justicia. Esos 20 candidatos fueron propuestos por la misma Sala Tercera, que los escogió de una lista de 52 postulantes. Posteriormente, fueron recomendados por el Poder Judicial a la Asamblea Legislativa, tal como está establecido en el procedimiento para nombrar magistrados suplentes de las cuatro salas del Poder Judicial.
Ese procedimiento debería ser revisado, porque no fomenta la participación. Es el mismo Poder Judicial el que presenta a la Asamblea Legislativa la lista de candidatos a la magistratura y no se permite que una persona se postule directamente ante el Congreso. Además, se desconoce cuáles fueron los criterios, primero de la Sala Tercera y luego el Poder Judicial, para seleccionar a los 20 candidatos y excluir a los otros 32 postulantes.
El juez Omar Vargas, coordinador del Segundo Circuito Judicial de San José, y José Arnoldo González, defensor público, ambos excluidos y con excelentes atestados profesionales y académicos, manifestaron en el Semanario Universidad (3-8-11, pág. 8) su disconformidad con el proceso de selección y abogaron por una democratización del sistema judicial en Costa Rica. Vargas señaló: “Es el talón de Aquiles de la justicia en Costa Rica. Si usted revisa los nombramientos de estos a través de la historia, siempre habrá un cuestionamiento sobre la injerencia política. Cualquier aspirante a un cargo de esta naturaleza tiene que ir a hacer lobby a la Asamblea Legislativa.”
Procesos penales. No debemos ser ingenuos. A los políticos siempre les ha interesado la elección de los magistrados, en especial si se trata de los de la Sala de Casación Penal. En un futuro muy próximo, estos 10 magistrados suplentes podrían resolver casos de trascendencia nacional como, por ejemplo, el caso del expresidente Calderón, pues todavía está pendiente un eventual recurso de revisión, lo mismo que el recurso de casación por la reciente condena del expresidente Rodríguez. También hay procesos penales contra el excandidato presidencial Otto Guevara y el precandidato Rodrigo Arias. Contra el diputado Justo Orozco hay una denuncia ante la Fiscalía General de la República, presentada por el Tribunal Supremo de Elecciones.
Ante la falta de transparencia en la selección de estos 20 candidatos a magistrados suplentes, pero sobre todo ante la falta de fundamentación de la exclusión de los otros 32 postulantes –muchos de ellos jueces de carrera, con amplia experiencia y excelentes atestados personales y profesionales– lo conveniente y sano sería que la Comisión de Nombramientos devuelva la lista a la Corte Suprema de Justicia, dejando en suspenso los nombramientos hasta que el Poder Judicial fundamente y motive la escogencia de los 20 postulantes. Además, es necesario cumplir con la equidad de género.
La fundamentación y motivación del acto administrativo es una característica de toda decisión de la función pública en el Estado Democrático.
Es precisamente mediante esta fundamentación que se ejerce el control para eliminar cualquier arbitrariedad. Mediante la fundamentación de la selección de estos candidatos a magistrados suplentes, podríamos enterarnos, por ejemplo, de por qué se excluyó a una gran cantidad de jueces de casación penal y de juicio, que son lo más indicados para ascender al cargo de magistrados, al igual que a exmagistrados suplentes, que se han desempeñado correctamente en periodos anteriores. Afortunadamente, el país cuenta con excelentes profesionales en derecho penal, juristas bien formados, con atestados académicos y profesionales de sobra, para ocupar estos importantes cargos. También, contamos con jueces probos, comprometidos solo con la ley y la justicia, convencidos de la importancia de su función para la vigencia del Estado de derecho y el sistema democrático.
Si ponemos en peligro la credibilidad del Poder Judicial, con la inadecuada selección de jueces del más alto rango, estaremos poniendo en peligro la supervivencia de todo el sistema democrático. Existe un alto riesgo de contagiarnos de la creciente politización de los poderes judiciales, característica de la mayoría de países latinoamericanos.