El exvicepresidente de la República Kevin Casas publicó el 30 de octubre, en este medio, el artículo intitulado “Seguridad en tiempos de cemento chino”, en el que plantea una serie de preocupaciones y propuestas sobre los problemas de seguridad que aquejan al país.
Casas ofrece un diagnóstico con el que se podría estar en desacuerdo difícilmente, menos aún con su afirmación de que en países cruzados por la violencia, el discurso punitivista –que nos ofrece resolver con mano dura desde la contaminación de los ríos hasta el tráfico de drogas– es caldo de cultivo para alimentar toda suerte de mesianismos y comicastros.
Antes que nada, una puntualización: entiendo que Casas quiera construir un relato en relación con lo que él llama “un grave retroceso en los últimos tres años, tras el progreso logrado en la administración anterior”, pero, por más intereses, no conviene simplificar un tema complejo que debe abordarse, entre otras, con las propuestas que él hace.
Cifras. Costa Rica pasó, según el OIJ, de 7,7 homicidios por cada 100.000 habitantes en el 2006, a 11,6, en el 2010. Después, en el 2011 y el 2012, hubo un descenso (10,4 y 8,7), que no se volvió a repetir desde el 2013 (se mantuvo en 8,7 igual que en el 2014).
Uno de los datos más relevantes, y que mejor muestra dónde están los puntos críticos, es el que se obtiene al desagregar el número de homicidios producto del crimen organizado y de la delincuencia común. Las muertes por venganzas han crecido de 0,3, en el 2010, a 5,5, en el 2016. Esto, de nuevo, habla de una realidad que no se arreglará tampoco invocando pasados idílicos que no han existido. Se corre el riesgo de no entender que aquí influyen elementos, incluso regionales, que dificultan las respuestas y trascienden a las propias administraciones.
Tiene razón el exvicepresidente Casas: el control territorial, el manejo preciso y científico de la información o una política social robusta –como la que asegura que la pobreza y la desigualdad disminuyan– serán garantías para detener las olas de violencia que tanto han deteriorado la calidad de vida de los latinoamericanos. Algunas de las experiencias regionales reseñadas por Casas son prueba de que la situación no es irreversible. Sin embargo, hay un elemento crucial que debe ser incorporado a toda estrategia estatal para resolver el problema de la inseguridad y que no se incluyó en el artículo del 30 de octubre: el sistema penitenciario.
Sistema penitenciario. Yo, como Casas, guardo la esperanza de que podamos estimular un debate en medio de los otros desafíos que también ocupan la atención de la opinión pública. Esto no es Escandinavia, aunque no estaría mal aprender, por ejemplo, de la reforma que hizo Finlandia a su modelo punitivo en los años setenta y que la convirtió en uno de los países más desarrollados en materia penitenciaria.
La administración Solís Rivera asumió la difícil e impopular tarea de darle vuelta a una política penitenciaria errática, acomodada por décadas a la retahíla punitivista. Costa Rica tiene hoy 4.000 personas más en prisión que hace cinco años y las promesas de que con más encarcelamiento habría más seguridad se desvanecieron.
Las cárceles no son un desecho, por más que ese mensaje parezca tan seductor. Es falso; es tramposo. Las cárceles suponen unas dinámicas que el Estado debe atender y, si no lo hace correctamente, el resultado será que, a la vuelta de unos años, quienes hayan descontado una pena serán, otra vez, potenciales infractores de la ley y con ello responsables de un círculo vicioso de más violencia.
Para los que deben ingresar a una prisión, sobre todo aquellos –la mayoría– cuyos delitos están asociados a exclusión social, debe haber alternativas que posibiliten su retorno a la vida en libertad. Por ejemplo, las tres unidades de atención integral, construidas con el préstamo que el Estado aprobó en el 2012, y sobre todo su modelo de atención basado en trabajo y estudio, deben fortalecerse.
Lo mismo tendría que ocurrir con la nueva Unidad de Inserción Social que ya fue aprobada por el Mideplán para articular el proceso de egreso de las personas privadas de libertad. Esto no es alcahuetería, se trata de apostar, con inteligencia y sin primitivismos, por estrategias que aseguren que el riesgo de la reincidencia pueda conjurarse igual que los efectos criminógenos del encierro.
En ese debate, la discusión de iniciativas como las penas de utilidad pública, que están en la Asamblea Legislativa para ser votadas por los diputados, también son imprescindibles. No todo apartamiento de las normas jurídicas merece como sanción la privación de la libertad.
El autor es viceministro de Justicia.