El ejercicio de la responsabilidad política, la obligación de rendir cuentas o la admisión de responsabilidad por parte de políticos y funcionarios públicos es un hecho excepcional en nuestro país.
Cuando surgen críticas y dudas por las actuaciones sospechosas o negligentes de algún funcionario público, la defensa se basa en que no cometieron actos delictivos que puedan ser perseguidos en la vía judicial, soslayando con frescura la responsabilidad política que el desempeño de su cargo conlleva.
Artera, y convenientemente, ignoran la distinción entre la responsabilidad jurídica, que implica transgredir disposiciones legales que puede resultar en condenas de tipo judicial, y la responsabilidad política, que aunque no supone necesariamente una sanción de tipo jurídico sí puede acarrear una sanción moral y política como la censura, la obligada renuncia o la destitución del cargo.
La responsabilidad de los representantes políticos, a quienes los ciudadanos le han delegado el poder y otorgado la confianza mediante el voto, incluye también la actividad de vigilancia y control político que valora, entre otros aspectos, la habilidad y prudencia de los gobernantes, su mayor o menor grado de diligencia y acierto en el tratamiento de determinados problemas públicos.
Proceder honesto. Cuando esa confianza concedida se pone en entredicho, se debilita o se pierde, lo correcto, lo digno, lo decente, lo que procede es la dimisión o, en su defecto, la destitución; lo que corresponde es asumir la responsabilidad política con la convicción de que esa es la vía para recuperar la confianza perdida o para restaurar una imagen desacreditada, de manera que prevalezcan los valores y principios que sustentan la democracia.
El ejercicio de tal responsabilidad es absolutamente necesario, pues su fundamento material radica en la facultad de castigar o sancionar una conducta inapropiada, de imponer penas de acuerdo con las leyes o de aplicar la remoción del cargo, según sea el caso.
Además, la responsabilidad política y la obligación de rendir cuentas no solo son inherentes a los representantes públicos de elección popular, por ejemplo, el presidente de la República, afecta también a los designados, como los ministros de Estado y otros altos cargos a los cuales el primero delega ciertas funciones correspondientes al Poder Ejecutivo que lidera.
Casos concretos. Desde esta perspectiva, el caso de la “pifia” en la construcción de la carretera que entroncará con la nueva Terminal de Contenedores de Moín y el improcedente beneficio salarial recibido por la viceministra de la Presidencia, ilustran con contundencia la negativa y el rechazo de nuestros políticos y gobernantes a aceptar la responsabilidad política que su condición de representantes públicos les exige.
En el primer caso, aparte de las responsabilidades judiciales que se pudieran establecer, se puede afirmar que lo actuado por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) constituye un monumento a la incompetencia, a la ineficiencia y a la impericia de los funcionarios involucrados, incluido el propio ministro del ramo, que además le causa un daño económico de proporciones gigantescas al erario.
Pese a las contundentes evidencias de un proceder inadecuado y perjudicial para el país –con actuaciones contrarias a la ética y al deber de probidad– así como a la crítica de la ciudadanía y a la censura de importantes actores políticos, ni el ministro, ni funcionario alguno está dispuesto a asumir la responsabilidad que le corresponde, ni el presidente de la República a ejercer la potestad que tiene para sancionarlos.
El pago indebido por concepto de prohibición con el cual se benefició la viceministra de la Presidencia sin tener los atestados académicos exigidos, así como su reacción y la del ministro de esa cartera, es otro ejemplo de que en nuestro país la responsabilidad política es un tema teórico que en la praxis política no es ejercido, lo cual afecta la calidad y credibilidad de nuestra democracia.
Silencio cómplice. Por otra parte y para sorpresa de muchos, estas y otras cuestionables actuaciones del actual gobierno han contado con el silencio cómplice de los dirigentes y grupos sindicales, quienes, en el caso de que se hubiesen producido en gobiernos de los llamados “partidos tradicionales”, estarían liderando huelgas y manifestaciones, al grito de corruptos, en las calles.
Pareciera que los acuerdos logrados con el gobierno sobre otros temas que favorecen sus particulares intereses han apagado su otrora criticidad y han condicionado su independencia, abandonando el derecho que tenemos todos los ciudadanos de exigir la responsabilidad política de nuestros representantes, puesto que en el efectivo control del poder radica la calidad de la democracia.
El autor es exembajador ante el Vaticano.