El paso del huracán Otto nos puso frente a la realidad ineludible de reconocernos como un país vulnerable ante eventos climáticos extremos y evidenció la urgencia de poner en marcha planes reguladores en todos los cantones. Los efectos tangibles del cambio climático se manifestaron de forma inclemente en nuestro territorio, y nos mostraron la magnitud colosal de daños que caracteriza a este tipo de eventos.
Los impactos generados por el huracán evidenciaron, además, una lamentable relación entre el agravamiento de las condiciones de fragilidad y la vulnerabilidad socioeconómica. Las regiones más afectadas fueron zonas rurales con bajos niveles de desarrollo humano o niveles de pobreza mayor a otras localidades.
Las comunidades rurales de Guanacaste y de la zona norte pasaron de sufrir la peor sequía en 40 años a ser embestidas por el primer huracán que ha ingresado al territorio nacional en los últimos 50 años.
Los daños acumulados por estos eventos climáticos suman decenas de miles de millones de colones, y muchas comunidades tardarán bastante tiempo en recuperarse de estas pérdidas.
Prevención es clave. Sin duda, el saldo humano de Otto habría sido mayor sin la extraordinaria movilización de la Comisión Nacional de Emergencias, la Cruz Roja Costarricense y otras instancias del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, que lograron poner a salvo a miles de costarricenses mediante una oportuna acción preventiva.
El huracán que acabamos de enfrentar como país nos coloca ante un análisis prospectivo que implica visualizar la capacidad nacional para responder a un fenómeno similar en un futuro e incluso la necesaria búsqueda de opciones para mejorar y optimizar las acciones de respuesta ante estos eventos.
Es una certeza científica que el escenario actual de cambio climático incrementa la intensidad de los impactos de huracanes como Otto y la frecuencia de sequías relacionadas con el fenómeno El Niño.
Ante la amenaza de estos eventos naturales extremos debemos contar con las condiciones adecuadas para prever, prevenir y reaccionar. Tenemos la responsabilidad de generar acciones que nos permitan recuperarnos mejor de los desastres causados por estos fenómenos. Esto es lo que se entiende como resiliencia.
Desarrollar resiliencia implica entender las amenazas a las que nos enfrentamos y crear capacidades para reducir la exposición y la vulnerabilidad de hogares, empresas y comunidades.
Desarrollar resiliencia significa también un ordenamiento de nuestro territorio para transformar las condiciones de riesgo. Implica trabajar en la adaptación al cambio climático.
En esta tarea, la protección ambiental es clave. Las áreas silvestres protegidas y los humedales costeros constituyen nuestra primera línea de defensa contra eventos climáticos extremos. Si estos no hubieran existido, el daño ocasionado por el paso del huracán Otto hubiera sido, sin duda, mucho mayor.
Plan nacional. La adaptación al cambio climático no elimina por completo el riesgo que enfrentan las comunidades, pero si puede darles herramientas para reducir pérdidas, proteger vidas y prosperar ante la adversidad.
El Ministerio de Ambiente y Energía está trabajando junto con la Comisión Nacional de Emergencia y el Mideplán en un Plan Nacional de Adaptación que desarrollará acciones para reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático.
Se crearán condiciones para reducir pérdidas ante el impacto de eventos climáticos extremos mediante planes de inversión pública en concordancia con la Política Nacional de Gestión del Riesgo.
Para ello, el país debe articular mejor sus esfuerzos de ordenamiento territorial, gestión ambiental y gestión del riesgo, con una perspectiva holística y un actuar integrado. En esta labor la suma de todos los actores es imprescindible y el trabajo local indispensable.
Desde lo local, es necesaria la participación activa de las municipalidades para contar con planes reguladores actualizados que planifiquen el uso del suelo incorporando la variable del riesgo climático en sus lineamientos, evitando construir viviendas, escuelas y negocios en zonas expuestas a amenazas de inundaciones y deslizamientos.
A manera ilustrativa, solamente 40 cantones cuentan con planes reguladores y, de estos, únicamente 18 contemplan la parte urbana. Incluso, de los cantones que estuvieron en alerta roja, solo Corredores y Golfito tienen planes reguladores para sus zonas urbanas. Ni Upala, ni Los Chiles, ni Guatuso, ni Bagaces poseen este instrumento.
Acciones urgentes. El manejo del territorio nacional es prioritario en toda gestión pública, de allí que hace dos años esta administración facilitó las condiciones para que las municipalidades avanzaran en estos procesos.
Es urgente que las municipalidades conozcan mejor su territorio para planificar su uso responsablemente. Es prioritario fortalecer la acción climática y las instituciones encargadas. Es apremiante incluir la gestión de riesgo en todas las políticas nacionales y entendernos como un país vulnerable.
Les debemos a todas esas personas que perdieron sus vidas de forma trágica y a sus familias el compromiso de preparar mejor a nuestras comunidades ante los impactos actuales y futuros del cambio climático.
El autor es ministro de Ambiente y Energía.