El movimiento sindical se estableció para defender intereses comunes ante los empleadores y el gobierno. La lucha sindical por décadas fue equilibrada y transparente: el diálogo, los salarios justos, la responsabilidad, la productividad y la solidaridad fueron siempre las principales banderas de las conquistas sociales de los sindicalistas.
Sin embargo, vemos con preocupación que en los últimos veinte años, ante la complacencia de jerarcas de las más importantes instituciones públicas, se ha cedido irresponsablente a los beneficios económicos de muchos sindicatos, sin medir las consecuencias futuras.
El empoderamiento de estos gremios ha secuestrado la dirección de muchas instituciones, arrogándose facultades que no les corresponden. La mayoría de los dirigentes se presentaron como los defensores de las instituciones, del pueblo y de los empleados y, en muchos casos, prácticamente se ha llegado a un cogobierno.
Salvo casos muy aislados, los gobiernos han cedido las responsabilidades y el bien institucional a estos grupos gremiales.
Los salarios y privilegios que tienen un pequeño grupo de sindicalistas del sector público afectan seriamente los balances financieros y sociales del país. De ello la importancia de que el actual gobierno revise estos disparadores del gasto público y costos de servicios, antes de solicitar al pueblo y al sector productivo mayores sacrificios con cargas tributarias.
Recope. Es preocupante que la Sala IV aceptara que la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) incorpore en los precios de los combustibles privilegios desmedidos de su convención colectiva.
Con esta resolución, refuerza que las convenciones colectivas son un derecho laboral y que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) deberá incorporar todos sus costos en la fijación de precios.
Los costarricenses pagaremos más de ¢22.700 millones para 1.722 empleados de una empresa pública monopólica para cubrir decenas de pluses que significan el 20% del gasto operativo de la institución.
Recope concede beneficios anuales, vía convención, de más de ¢13 millones, en promedio, por empleado.
Con una refinería cerrada hace más de cinco años, es inexplicable que la institución mantenga todavía la planilla intacta.
Recope se aventuró a invertir en estudios y evaluaciones para una nueva refinería, más de $33 millones en la sociedad Soresco S.A., conformada por la Compañía Nacional de Petróleo de China (CNPC) y la misma Recope.
El proyecto de la nueva refinería fue paralizado en el 2013 por la Contraloría General de la República, que señaló que, debido a que Soresco contrató a una empresa subsidiaria de CNPC para realizar esos estudios, estos no podrían usarse y todavía no se sabe si el Estado va a enfrentar un millonario arbitraje internacional por incumplimiento.
Desde un principio, la CNPC debió asumir los riesgos y costos que significa construir una refinería en Moín. Refinería que, como cualquier otra empresa, ofrecería a Recope sus productos a precio de mercado, sin tener ningún privilegio.
La CNPC tiene la tecnología y los recursos para tomar los riesgos que cualquier empresario toma en Costa Rica. Invertir en una refinería de petróleo –para un mercado tan reducido como el de Costa Rica–, con la actual revolución tecnológica de nuevas energías limpias como el gas, el hidrógeno, la eléctrica y la solar, no es ni será rentable.
Es indispensable que Recope sea intervenida para hacer una verdadera reingeniería, ya que sus finanzas no están bien. La firma Fitch señaló, el año pasado, que la deuda total de esta empresa pública equivale a 7,5 veces las ganancias antes de impuestos, intereses y amortizaciones.
Este continuo deterioro financiero se debe a los altos gastos operativos, en los que la planilla y los pluses tienen el mayor peso.
Por otro lado, es inaudito que Recope tuviera que desechar un proyecto con Ad Astra para la producción de hidrógeno, porque su ley orgánica no le permite las alianzas estratégicas con el sector privado para investigación y desarrollo de nuevos productos energéticos.
El 60% de la huella de carbono es producida por nuestra flotilla vehicular y Recope, en más de 50 años de fundada, arrastra un gran rezago por no haber invertido recursos y buscado alianzas para desarrollar energías alternativas limpias.
CCSS. La recaudación anual de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es de ¢3,2 billones, de los cuales ¢2 billones corresponden al seguro de Enfermedad y Maternidad y ¢1 billón al de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Con estos recursos es inaceptable que más de 150.000 asegurados tengan que esperar por años una intervención quirúrgica y que la lista de espera aumente en 15.000 pacientes nuevos al mes para hacerse un examen.
Por eso alarma que, cada día, más asegurados tengan que recurrir a los servicios privados, ante la incapacidad de ser atendidos oportunamente en esta institución.
No puede aceptarse que muchos asegurados esperen hasta seis años para un tratamiento. Tampoco es lógico que una institución gaste millones de dólares en un expediente digital que después de casi 20 años no ha podido implementarse, ni es razonable que los pacientes no se atiendan de acuerdo con sus prioridades.
Hay muchos cuestionamientos sobre el desempeño de la Caja. ¿Qué ha pasado con la planificación? ¿Por qué no invierte en equipos y personal especializado? ¿Qué ha pasado con la capacidad de cambio ante los nuevos perfiles de la salud costarricense? ¿Existe total transparencia en los costos operativos de esta institución? ¿Cómo va a arreglar el problema de 85.000 retirados, si Hacienda está en serios problemas? ¿Quién va a financiar los ¢54.000 millones faltantes para dar una pensión mínima de ¢130.000 mensuales? ¿Podrán las finanzas de la CCSS mejorar su operación en salud con los costos desmedidos por crecientes salarios y pluses? ¿Cómo se logra la productividad en la Caja donde más del 60% del presupuesto se dedica a la planilla?
No puede la CCSS seguir pagando horas extras por carencia de especialistas y continuar incrementando los costos operativos. ¿Cuánto presupuesto queda para las medicinas? ¿Cuánto para comprar equipos de alta tecnología? ¿Cuánto se invierte en infraestructura?
La CCSS necesita medidas diferentes si queremos que sobreviva. El mejor ejemplo es el contrato de servicios a terceros, como las cooperativas y universidades privadas.
Es un error seguir aumentando la planilla de la CCSS, que ya pasa de 53.000 empleados. Hay que apoyar a las pymes para lograr una red nacional que dé los servicios médicos y valorar el cobro de un porcentaje del costo de los exámenes, medicinas y consultas, que variaría de acuerdo con los ingresos del asegurado.
Esta fórmula propiciaría el que muchos médicos y personal especializado se traslade al sector privado y que los ahorros y las prestaciones sirvan como capital semilla para fomentar más operadores y servicios a menores costos.
La CCSS tiene 75 años y requiere, al igual que Recope, una reingeniería e ideas para dar un mejor servicio de calidad a menor costo para los usuarios.
El autor es ingeniero.