En días pasados, la ministra de Educación, Sonia Marta Mora, dio a conocer su interés en reformar la ley del Consejo Nacional de Enseñanza Superior Privada (Conesup), con el propósito de fortalecerlo y mejorarlo, y de ampliar las atribuciones del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (Sinaes).
Tal intención ha sido acogida con beneplácito por diversas instancias de la sociedad civil interesadas en el mejoramiento de la enseñanza superior en el país, entre las cuales cabe destacar al periódico La Nación , que le dedicó un editorial a dicho asunto el pasado 26 de marzo.
Lejos de ser excepcional, La Nación ha mantenido un interés constante por la problemática de la calidad de la enseñanza superior, y en relación con el sector privado, desde varios lustros atrás, asumió una posición de crítica constructiva con respecto a las universidades particulares.
Cuando hace unos 12 años el sector universitario privado creó su propio sistema de acreditación de carreras para eludir al Sinaes, La Nación , en su editorial del 24 de octubre del 2003, se pronunció de manera clara y contundente en contra de esa iniciativa.
Compromiso. Las reformas propuestas por la ministra de Educación, por su importancia para el desarrollo nacional, deberían encontrar un fuerte apoyo en la ciudadanía en general, pero sobre todo en otros medios de comunicación colectiva, en los colegios profesionales y, por supuesto, en los consejos universitarios de las universidades públicas y en las asociaciones de educadores.
Respaldar a la ministra implica también darle continuidad a una larga tradición histórica costarricense de compromiso con la calidad educativa. En 1921, debido a la inversión creciente que suponía atender el incremento de la matrícula en la enseñanza secundaria, algunas personas plantearon que tal nivel educativo debía ser privatizado.
Contra esa propuesta se pronunció de manera tajante Luis Dobles Segreda, por entonces director del Instituto de Alajuela, al manifestar que dejar la secundaria “confiada a la iniciativa particular es sellarla para los más pobres, y eso hiere hondamente el espíritu democrático del país”.
Calidad. De seguido, Dobles Segrega agregó que privatizar la segunda enseñanza “es además malearla, porque, convertida en artículo de especulación, surge la competencia y hay que darla barata, aun dándola mala. No podría ella pagar a los mejores y se surtiría con aquellos cuyas soldadas diesen margen para el negocio”.
Mucho de lo que ha sido la historia de buena parte de las universidades particulares en Costa Rica se ajusta a lo que Dobles Segreda temía que ocurriera si criterios exclusivamente de mercado regían una enseñanza secundaria privatizada. Ciertamente, democratizar cada vez más el acceso a la educación es clave para el país, pero también lo es democratizar el derecho a la calidad educativa, y hacia esta meta fundamental es que claramente se encaminan las reformas anunciadas por la ministra.
El autor es historiador.